El gabinete jurídico de los accionistas locales del Club Deportivo Tenerife, Amid Achí, Miguel Concepción y Conrado González Bacallado, que aún mantienen sus participaciones sindicadas con el empresario madrileño, José Miguel Garrido, permanecen a la espera de que la querella presentada por un inversor británico el pasado mes de septiembre contra el máximo accionista de la entidad, como ha informado en exclusiva DIARIO DE AVISOS, comience su recorrido judicial para estudiar la posibilidad de personarse en el proceso que se instruirá en los juzgados de Arona.
El sindicato de accionistas que ha venido gobernando el Club Deportivo Tenerife en esta última etapa, con la presidencia de Paulino Rivero, de momento, sigue en vigor, y pasará una nueva prueba de fuego en la próxima junta general de accionistas, que se desarrollará este 20 de febrero. En esta reunión formal del máximo órgano de administración del club, se va a debatir una propuesta del accionista José Miguel Garrido, para destituir a dos miembros del actual consejo de administración y colocar a dos personas de su confianza. Los empresarios tinerfeños, que aún permanecen asociados por contrato de sindicación con Garrido, están obligados a votar afirmativamente a la propuesta de su jefe de filas, para evitar las millonarias sanciones derivadas de una imprevista ruptura del pacto accionarial suscrito por todas las partes.
Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS en fuentes conocedoras del proceso, Garrido exigirá, con toda probabilidad, la salida del consejo de dos de los miembros que accedieron tras la incorporación a este órgano del accionista Rayco García, aunque no se descarta que la remodelación del consejo sea más amplia. El acuerdo de sindicación contempla que el accionista Conrado González tiene derecho a proponer un consejero, por lo que se da por hecho que uno de los nuevos miembros del órgano de gestión representará a este empresario.
Fuentes próximas a los servicios jurídicos de los accionistas locales sindicados, han manifestado a DIARIO DE AVISOS, que están a la espera del comienzo del posible proceso penal contra José Miguel Garrido, derivado de la querella criminal presentada por un inversor inglés. Una vez conozcan los detalles de la citada querella, es probable que parte de las acciones comprometidas en el contrato fallido objeto de la misma afecte a las acciones sindicadas, lo que puede ser motivo para poner en marcha el mecanismo jurídico preciso para la conclusión del acuerdo como socios.
Compraventa de acciones del club
Los delitos que fundamentan la querella que está a punto de ser admitida a trámite, a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, están relacionados con la compraventa del 10 por ciento de las acciones del Club Deportivo Tenerife por un importe de 3,5 millones de euros, de los que el inversor británico habría abonado a Garrido un millón de euros en concepto de adelanto. Esta transacción, recogida en escritura pública en una notaría tinerfeña, estaba sujeta a condiciones suspensivas, en el caso de que no se cumpliese lo recogido en el acuerdo elevado a público. El pago de los restantes 2,5 millones de euros se realizaría en un periodo máximo de 15 días posterior a la conclusión de la ampliación de capital del Club Deportivo Tenerife, que se realizó de marzo de 2024.
En el mismo acto de la compraventa, se firmó un acuerdo en escritura pública ante el mismo notario, por el que el inversor inglés sindicaba las acciones adquiridas en favor de la sociedad Eolus Capital Ltd, propiedad de José Miguel Garrido. En dicha escritura de compraventa, además, se recoge expresamente que el querellado debía otorgar en documento notarial aparte, una garantía pignoraticia sobre 10.388 acciones del Club Deportivo Tenerife. Según ha declarado a este periódico el propio inversor inglés, él mismo decidió aceptar de buena fe la propuesta de Garrido de proceder con ese documento en un plazo máximo de 48 horas. Este extremo también se recoge literalmente en la referida querella.
Una ‘grosera’ falsificación
La entrega de dicha escritura no se produjo en el transcurso de las siguientes semanas, a pesar de los reiterados requerimientos del inversor. Finalmente, Garrido dio traslado al británico, un mes más tarde, de una escritura unilateral de prenda sin desplazamiento de la posesión, como se denomina legalmente a este reconocimiento, que, según recoge el texto de la querella, “resultó ser una grosera falsificación de un documento notarial, cuya lectura no tiene desperdicio”. Siempre según el contenido de la querella, el documento público supuestamente manipulado es un borrador que puede haber sido confeccionado inicialmente en la misma notaría, “en el que coincide el tipo de letra utilizado en las dos escrituras notariales anteriores”.
En ese documento con apariencia absoluta de escritura pública, no figura el obligado número de protocolo, pero se insiste reiteradamente en la intervención del notario en dicho acto (páginas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12), “lo que resulta absolutamente falso”, dice la querella.
El supuesto montaje concluye atribuyendo al notario su intervención y dación de fe, pero, paradójicamente, quien la firma es únicamente el querellado, José Miguel Garrido, en el lugar y espacio previsto para la rúbrica del fedatario público.
Cuando el inversor británico recibe este supuesto ejemplar de escritura pública de prenda, su obvio desconocimiento de los matices en los procesos legales en España y la seguridad de que había firmado con el mismo notario las dos anteriores escrituras, junto a la explicación recibida de que en esa escritura de prenda no se requería su intervención, le hace pensar que el documento cursado es correcto y, por tanto, queda pendiente de la ampliación de capital del club, que finalmente fue aprobada por la junta general de accionistas del 12 de diciembre de 2023. El inversor británico jamás sospechó que el máximo accionista del Club Deportivo Tenerife pudiese acometer un supuesto engaño de esta magnitud.
Presunto delito de estafa
En virtud de la fraudulenta escritura de prenda sobre 10.388 acciones, el inversor británico habría quedado a la espera de acudir, tal y como contempla el artículo 13 de los estatutos sociales del club, al proceso de ampliación de capital y suscribir acciones con cargo a las mismas, por ser el acreedor pignoraticio el titular de dicho derecho. Ello le hubiera permitido suscribir más de 35.000 nuevas acciones del club al precio de 10 euros por cada una, que se adicionarían al 10% del total de la entidad, que habría comprometido en la escritura de compraventa con Garrido (unas 52.000). Finalmente, las alarmas en el entorno del inversor se disparan, cuando se constata que quien acude a la ampliación de capital es el propio José Miguel Garrido, contraviniendo incluso los acuerdos de la junta general de accionistas en la que él mismo participó y votó afirmativamente, y en la que se estipula expresamente que el derecho de acudir a la ampliación de capital de las acciones en prenda correspondía exclusivamente a los acreedores pignoraticios de dichos títulos. Es decir, en este caso, este derecho correspondía únicamente al inversor británico.
Los derechos adquiridos por parte del nuevo accionista (el inversor inglés) se vieron cercenados, lo que imposibilitó su participación en el proceso de la ampliación de capital, al no constar en el libro de registro de acciones del club la escritura de pignoración de títulos, ya que, por razones obvias, Garrido no podía presentar el supuesto documento falso que había hecho llegar pocos meses antes al inversor, pues eso le hubiera impedido la suscripción a su nombre de las referidas 35.000 acciones, de las que se habría apropiado en detrimento del inversor.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas