Diversos estudios realizados por distintas ONG en los últimos años y recientes informes de organismos gubernamentales advierten sobre un escenario, claramente en auge, para la prostitución: los pisos particulares, en detrimento de la calle y, en menor medida, de los clubes.
Además, subrayan la alta tasa de ciudadanas extranjeras que se dedican a esta actividad y que, en el caso del sur tinerfeño, representan más del 90% de las mujeres que ejercen, que responden a un mismo patrón: jóvenes migrantes procedentes de entornos deprimidos.
La transformación de lo que se llegó a definir como la actividad más antigua el mundo salta a la vista. Mientras se estabiliza en los clubes, la prostitución decae a pie de calle (la categoría más baja en términos de devaluación de las mujeres que se ganan la vida con esta actividad), donde existe un mayor riesgo de violencia, aunque también más libertad de decisión sobre prácticas, horarios y precios.
En cambio, los clubes aportan una cierta protección sobre las diferentes violencias que ejercen los hombres sobre las mujeres que ofrecen su cuerpo, si bien el control, incluido el número de servicios, queda en manos de quienes están al frente de estos locales, que vivieron su gran despegue en los años 90 con mujeres de diferentes edades y nacionalidades.
Los pisos o casas particulares se han convertido en los principales lugares cerrados donde se lleva a cabo la prostitución. Aunque algunos son gestionados directamente por las personas que ofrecen el servicio, muchos de los inmuebles con esta finalidad son operados por terceros, que se lucran de manera indirecta con esta actividad, lo que, como se advierte en el macroestudio Trata, explotación sexual y prostitución de mujeres, elaborado en 2024 por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, genera innumerables riesgos para las mujeres, en relación con su exposición a un mayor nivel de vulnerabilidad, explotación y abuso.
En el informe se subraya que, al tratarse de espacios privados que potencian la invisibilidad y clandestinidad, por no ser identificables desde el exterior, las inspecciones policiales efectivas resultan muy dificultosas, convirtiéndolos en puntos de mayor riesgo para el desarrollo de la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
El documento destaca cómo el desarrollo de las nuevas tecnologías y, sobre todo, la expansión de internet han transformado la industria de la explotación sexual a través de foros, sitios y portales web, lo que ha generado una migración masiva de la prostitución al espacio digital, dando lugar a un boom de plataformas que permiten el intercambio de información y la evaluación de los “servicios” o, incluso, de material audiovisual pornográfico a cambio de dinero, tal como se explica en el estudio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
El análisis nacional aporta un dato contundente: en 2023, un total de 115.000 mujeres de 18 años en adelante se hallaban en situación de prostitución a través de anuncios en sitios web. Al crecimiento de estas nuevas modalidades, que han dado lugar al fenómeno conocido como prostitución 2.0, contribuyó el confinamiento por la pandemia de covid-19, ya que obligó a las mujeres en esta situación a buscar espacios alternativos a la calle y los clubes para subsistir económicamente.
En sus conclusiones, el documento califica de “sorprendente” el “desbordamiento” hacia otros contenidos en los que el anuncio de mujeres en situación de prostitución no está necesariamente identificado, además de la “notable” facilidad al acceso de los datos.
En el caso concreto de las personas migrantes, segmento de mujeres que ocupa el mayor porcentaje en el sur tinerfeño entre quienes ejercen la prostitución, se apunta que la legislación de Extranjería y la situación administrativa irregular aumenta su vulnerabilidad y, por tanto, el riesgo de vincularse a esta actividad. El análisis también revela la existencia de un “submundo” dentro de los foros en línea, donde se comparten narraciones de tratos vejatorios de todo tipo.
Organizaciones como la Fundación Cruz Blanca concentran gran parte de su trabajo en prestar un servicio de acercamiento al lugar donde las personas ejercen la prostitución y ofrecer mediación y acompañamiento para que puedan acceder a los recursos sociales. Su labor, materializada a través de programas como O´ Cambalache, se desarrolla en distintos puntos del Sur y, sobre todo, en Arona, donde, asegura, se concentran los mayores espacios de prostitución. De hecho, en el municipio aronero contactó y atendió a alrededor de 500 mujeres en el último año y medio.