“Nuestro objetivo es terminar la legislatura cumpliendo los plazos que establece la Ley de Dependencia de 180 días”

En Canarias se espera una media de 574 días por la ayuda a la Dependencia. Es la segunda comunidad autónoma del país con mayor tiempo de espera, solo por detrás de Andalucía. Sin embargo, los tiempos se han logrado reducir en este último año gracias a una mayor inversión de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, capitaneada por la trabajadora social -la primera en ostentar este cargo- Candelaria Delgado, quien, en una entrevista concedida al programa Atlántico Interviú, de Atlántico Televisión, asegura que está “poniendo el personal y las herramientas normativas necesarias para cambiar las estructuras”, aunque no con “la celeridad que me gustaría”.

-¿Es factible que el Archipiélago cumpla, en algún momento, los plazos que establece la Ley de Dependencia de 180 días?
“Creo que estamos afianzando la estructura necesaria para ello. Por un lado, con un refuerzo del personal, ya que estos días se está incorporando un nuevo plan de choque a la Dirección General de Dependencia con más de 120 personas. Y, por otro lado, iniciando los pasos para la aprobación del decreto que va a simplificar los plazos de la Ley de Dependencia. Lo que va a permitir ese decreto es que lo que ahora se hacía en dos fases -resolución del grado de dependencia y prestaciones a las que ese ciudadano o ciudadana tiene de derecho- ahora será en una. Este sistema monofásico ya está implementado en muchas comunidades autónomas y, a pesar de que hubo varios intentos de establecerlo en legislaturas pasadas, como la que realizó mi compañera Cristina Valido, no se consiguió ese cambio normativo. Nuestro objetivo es terminar la legislatura cumpliendo lo que establece la ley: 180 días”.

-Respecto a este sistema monofásico, ciertos trabajadores sociales aseguran que esta simplificación podría dar lugar a errores en la valoración, dejando fuera a usuarios u otorgando un grado inferior.
“No porque nosotros no estamos cambiando el sistema de valoración, sino incorporando más personal a esa fase del proceso. Son perfiles sociosanitarios con una titulación media o superior que, además, son empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Estamos hablando de trabajadores con capacidades suficientes. Siempre puede existir un ciudadano que reclama un grado mayor al reconocido, pero, en ese caso, se revisaría”.

-¿Y qué ocurre en Discapacidad? Hace unos meses la Diputación del Común anunciaba una investigación de oficio debido a la cantidad de quejas presentadas por la ciudadanía por esperas de hasta cuatro años.
“Durante la pandemia de COVID, las valoraciones de grado en Discapacidad se paralizaron y no se retomaron las citas presenciales hasta, prácticamente, 2022. El anterior equipo de gobierno no optó por realizar videollamadas, como hicieron otras comunidades autónomas, para continuar llevando a cabo revisiones. Eso conllevó a que la lista de espera en 2023, cuando nosotros tomamos posesión, era de más de 36.000 personas. De hecho, hemos ido completando los equipos porque existían vacantes por enfermedad o jubilación y hemos reforzado los convenios con los Cabildos de La Palma y Fuerteventura”.

-Recientemente, los comités de empresa de la propia Consejería han alertado de un desmantelamiento de los servicios públicos debido a la sobrecarga laboral y la vulneración de los derechos laborales.
“Eso no es así. Hemos incrementado los presupuestos de la Comunidad Autónoma con 10 millones de euros anuales para la contratación de planes de choque en materia de personal, por lo que vamos a incorporar en torno a 220 personas más a las diferentes direcciones generales. Además, yo, que soy una empleada pública como trabajadora social del Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias, siempre he defendido y defenderé lo público. Otra cosa es que creemos convenios con otras administraciones, como cabildos y ayuntamientos, para que nos apoyen en la gestión de diferentes materias de la Consejería, pero eso no es un desmantelamiento, sino hacernos con todas las herramientas que tiene el Ejecutivo para que solucionemos los problemas de la ciudadanía”.

-Desde hace años, existe una problemática que sufren los principales hospitales de las Islas debido a la cantidad de personas con alta médica que ocupan una cama hospitalaria. ¿Está su gobierno trabajando en buscar una solución?
“Junto a la Consejería de Sanidad, estamos diseñando una nueva estrategia sociosanitaria para analizar uno por uno los casos que tenemos en los centros hospitalarios porque, en muchas ocasiones, son adaptaciones en viviendas, ayudas a domicilio o la espera por una plaza sociosanitaria. Aunque lo que buscamos es la desinstitucionalización para que la persona dependiente pasé el mayor tiempo posible en su entorno, ya sea con ayudas o adaptaciones en su casa”.

-El Constitucional ha anulado por unanimidad el protocolo de menores aprobado por el Ejecutivo autonómico, que ya permanecía suspendido por el TSJC. Aun conociendo las advertencias por parte del Estado y la Justicia, ¿por qué su gobierno siguió adelante? ¿Fue una llamada de atención?
“Bueno, si hay algo que hemos conseguido es que ese protocolo de recepción de menores se mejore muchísimo. Y es que ahora se reciben con la documentación necesaria sin vulnerar sus derechos. Los niños y adolescentes que llegaban, que podía ser solicitantes de asilo o refugio, esperaban meses por esa solicitud. Lo que intentamos es que el menor esté siempre protegido. Lo que se estaba haciendo antes del protocolo era trasladar al menor inmediatamente al centro de acogida más cercano sin llevar a cabo toda una batería de medidas, como, por ejemplo, confirmar que era menor. Con lo cual, muchas veces, se originaba una saturación del centro que obligaba al Gobierno canario a hacer un reajuste”.

-La comunidad canaria tiene en estos momentos tutelados a más de 5.800 menores migrantes no acompañados. ¿En qué punto se encuentra el acuerdo con el Estado para un reparto justo?
“Aquí hay dos vías, una es la reforma de la Ley de Extranjería, su artículo 35, que nos permitiría dar la solución a medio y largo plazo, pero, en vista de que eso no se llevó a trámite en el Congreso de los Diputados, ahora estamos centrados en la propuesta que le hemos hecho al Estado de un decreto para el reparto extraordinario de 4.000 menores de Canarias y 460 de Ceuta”.

-¿Reciben una acogida digna estos niños y adolescentes?
“La acogida siempre es digna. Ahora, tenemos 86 centros abiertos y acondicionando alguno más porque han seguido llegando menores. Todas las necesidades están cubiertas y los niños escolarizados. Lo que pedimos es que haya un reparto por el resto del territorio porque la atención integral que recoge la normativa nacional e internacional no se la estamos pudiendo prestar a pesar de que, desde el Gobierno, hacemos esfuerzos. Hemos llegado a acuerdos con empresarios canarios que nos ayudan a formar a jóvenes para que pueda acceder en un futuro al mercado laboral. Además, intentamos que todos ellos tengan, en el menor tiempo posible, la documentación necesaria para que puedan trasladarse a cualquier parte del territorio europeo. Pero lo cierto es que Canarias tiene limitaciones tanto en los centros de acogida como en el personal especializado”.

-El Ministerio del Interior cifra en más de 6.600 los casos activos por violencia de género en Canarias. ¿Qué políticas de mitigación se están llevando a cabo?
“Hemos llegado a cabo bastantes campañas desde el Instituto Canario de Igualdad para la prevención de la violencia de género, así como con los cabildos y ayuntamientos. Tenemos previsto abrir cinco centros de atención a víctimas de violencia sexual que, aunque estén atendidas desde los DEMA (Dispositivo de Emergencias para Mujeres Agredidas), necesitan una asistencia especial. También estamos desarrollando políticas de concienciación en colegios, institutos y centros de FP porque hay que educar en la igualdad y la detección de la violencia. Han aumentado mucho las llamas de agentes externos para alertar de casos de violencia de género porque los más jóvenes ya detectan qué le pasa a su compañera o amiga”.

-Por lo tanto, ¿es bueno o malo que existan más denuncias?
“Es bueno porque los casos están siendo denunciados. Otra cosa es que dichos casos sean situaciones graves de violencia de género. Nuestra sociedad está detectando lo que le ocurre a una víctima y se alerta de ello. Por ello, nos tenemos que sentir satisfechos porque la formación en materia de igualdad que se ha impartido en los centros escolares ha tenido efecto. Aunque tenemos que seguir luchando contra la violencia de género, sobre todo, esos micromachismos que mucha gente han tenido interiorizados”.

-Llama la atención que, con su postura tan vehemente contra esta lacra social, su partido (CC) pacte con formaciones que banalizan e, incluso, niegan la violencia machista. Y me refiero al nuevo pacto en el municipio de Arona.
“El pacto lo ha hecho la fuerza que gobierna, que es el Partido Popular. Nosotros tenemos que centrarnos como Gobierno, tanto a nivel municipal como autonómico, en luchar contra esas políticas y, sobre todo, hacer pedagogía, ya que algunos diputados o concejales de esos partidos se han ido. Vamos a seguir rechazando y denunciando la violencia de género porque se tiene que erradicar”.

-Es usted la primera trabajadora social que dirige la Consejería de Bienestar Social. ¿Ha cambiado su visión ahora que ostenta un cargo público?
“Digamos que empiezas a entender que ciertas cosas no las puedes cambiar de hoy para mañana. Llegué a esta consejería con unos objetivos que, además, eran las peticiones que desde el Colegio Profesional de Trabajo Social le habíamos hecho a todas las fuerzas políticas. De hecho, cuando Fernando Clavijo iba a convertirse en presidente, me llamó y me dijo: “¿Te acuerdas de lo que me contaste en campaña electoral? Pues quiero que lo hagas posible”. Esos mismos objetivos dirigen la Consejería de Bienestar Social, pero a veces está siendo complicado ponerlos en marcha con la celeridad que me hubiera gustado. Pese a ello, me siento orgullosa de los logros conseguidos. Cambiar las estructuras es lento, pero estamos poniendo el personal y las herramientas normativas para ello”.