El Gobierno de Canarias ya tiene en su poder el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática tras entregar el equipo redactor la tercera y última fase del documento, que consta de 9.300 páginas y un total de 428 elementos censados. El trabajo ha estado liderado por la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, María Isabel Navarro, que resalta que “Canarias cuenta con un instrumento que permitiría dar un paso más para una normalización democrática”, y el complicado trabajo realizado, lamentó la poca colaboración de muchos municipios que no han facilitado el acceso a sus archivos, sobre todo en la provincia tinerfeña.
Tras una primera fase sobre el municipio de Santa Cruz de Tenerife, que tanta polémica ha levantado aprobado definitivamente en noviembre de 2022 por la Comisión Técnica de Memoria Histórica, en la segunda fase entregada en julio de 2023 se abordaron el resto de las capitales insulares, mientras que en ésta última se engloba al resto de municipios.
“En esta última fase, cuenta con volúmenes en versión impresa y hace referencia a 80 municipios de Canarias”, señaló Navarro a Diario de Avisos. Los vestigios abarcan denominaciones de espacios públicos, esculturas, objetos, inscripciones, lápidas, escudos y honores y distinciones alusivas a la época de la dictadura. El catálogo, según el convenio firmado en junio de 2022 con el Ejecutivo regional y dando cumplimento a Ley orgánica sobre esta materia, da cuenta de los elementos franquistas ubicados en las ocho islas, y que a día de hoy responden a 428 elementos censados, de los que 225 corresponden a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 203 a la de Las Palmas. “Ha sido un trabajo muy complejo desde muchos puntos de vista”, señaló la catedrática de la ULL, que reiteró que “no debe tomarse de manera superficial”.
La complicada labor de búsqueda de información en los archivos municipales, muchos de los cuales no están aún digitalizados, y la escasa proactividad encontrada en algunas localidades. En este sentido señaló que “en la cláusula quinta de ese convenio de 2022, el Gobierno de Canarias se obligó a facilitar el acceso a los archivos municipales. El problema es que mientras en la provincia de Las Palmas, el archivo histórico provincial tiene todas las actas de los ayuntamientos de la isla de Gran Canaria, ya están todas digitalizadas y su acceso es libre para los investigadores, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el trabajo no se ha hecho, además no se nos ha facilitado el acceso y muchos ayuntamientos no cuentan con medios ni tienen digitalizado su fondo”, lamentó. Además, el único ayuntamiento que lo tiene en Tenerife es el La Laguna, y en el resto “lo que hemos hecho ha sido dirigirnos por escrito a todos los alcaldes, que son los únicos que ostentan las competencias en la materia de memoria, comunicándoles los vestigios de su municipio para pedirles que nos transmitieran los acuerdos plenarios que los justificaban. Realmente muy pocos alcaldes han respondido, y principalmente la mayor colaboración sido desde la isla de Gran Canaria”, señaló.
El intenso trabajo del equipo redactor del Catálogo de Símbolos, Calles, Monumentos y Menciones Franquistas en Canarias se ha visto opacado desde la primera fase, referenciada en Santa Cruz de Tenerife, por las intensas polémicas y los distintos recursos jurídicos y revocaciones por parte de Administraciones y asociaciones o los expedientes de protección. El equipo redactor recordó que los dos municipios canarios con la cuantía más importante son Santa Cruz de Tenerife (79) y Las Palmas de Gran Canaria (72). “Allí también llegamos a identificar muchos vestigios, prácticamente ambos municipios cuentan con una cifra equivalente” y no se ha formado tanto revuelo como aquí.
Al respecto, María Isabel Navarro, señaló que “no ha sido un caso aislado de Tenerife, porque de hecho hemos tenido que incorporar sentencias del Tribunal Supremo que describe la situación como una actividad litigosa en toda España. Por ejemplo, en el caso de las cruces de los caídos, se han presentado recursos por parte de colectivos que además no están legitimados de manera especial, como Raíces o varias organizaciones cristianas que reclaman que las cruces de caídos deben mantenerse, y lo cierto es que el Tribunal Supremo ha elaborado una sentencia que aclara perfectamente que esa cruz que usaban no tiene nada que ver con el cristianismo, sino fue una atribución que hizo para sí la Falange, igual que los Nazis se atribuyeron la cruz gamada, que de hecho no les pertenecía. Estos monumentos fueron de carácter obligatorio y fueron impuestos por organizaciones de la Falange”, relató.
En realidad la ley orgánica sobre esta materia va referida a eliminar toda la presencia física en lugares públicos, incluso, por otra parte de la presencia en las instituciones, “conceptos que son muy variados, porque nosotros tenemos esculturas y monumentos, que es lo que piensa todo el mundo, pero hay también escudos, inscripciones y lápidas, algunos que se han retirado como la hélice del Cruceros Canarias por parte de la Autoridad Portuaria, aunque la ha puesto dentro de un Museo, lo igual me parece terrible”.
Entre los vestigios de todo tipo, se encuentran las placas o lápidas que se encontraban en los muros de muchas iglesias en recuerdo de los caídos del bando Nacional en la Guerra Civil. “Así es, esas lápidas, la sentencia del Tribunal Supremo obliga a que sean retiradas, porque ahora lo que determina, y lo explica muy bien la sentencia, es que ocasionan o perpetúan, por así decirlo, un enfrentamiento civil”.
Otros elementos a realizar es el cambio de las denominaciones de las vías y espacios públicos. “Es el procedimiento más sencillo porque no entraña la toma de conocimiento por parte de las distintas administraciones, es decir reconocer que los acuerdos que adoptaron en su momento no cumplen la actual Ley de Memoria Democrática, y en Pleno adoptar el acuerdo y pasar al procedimiento de cambio de denominación, tanto en el ISTAC como, en los órganos en los cuales debe constar”.
Hay otros símbolos o vestigios menos conocidos al estar situados en lugares geográficamente un poco alejados pero igualmente llamativos, como el monolito en Las Raíces que recordaba la reunión de Franco, y que fue derribado, o la presa de Soria en cuyos muros hay inscripciones con dedicadas a Franco así como varios bustos.
“Hay que transmitir esta información a todas las generaciones”
La coordinadora del equipo redactor del Catálogo de Símbolos, Calles, Monumentos y Menciones Franquistas en Canarias, María Isabel Navarro, ha puesto de relieve que ahora “Canarias cuenta con un instrumento que permitiría dar un paso más para una normalización democrática”. Sin embargo, “queda la parte más importante que es la de transmitir esta información a todas las generaciones que están sumidas en el olvido”.
Finalizado el catálogo “hay otro elemento que es muy importante y que está incluido en el convenio, que es la realización de contenidos para todos los niveles educativos relacionados con las cuestiones de memoria”. En este sentido, Navaro se mostró preocupada por “el profundo desconocimiento de la historia de España más reciente, y la tendencia cada vez más acuciada de los colectivos jóvenes a conectar con ideas de ultraderecha”.
Navarro resaltó que “ha sido un larguísimo periodo de trabajo, que va desde 2018 cuando una denuncia obligó a realizar un dictamen, hasta ahora en 2025, que ya hay una ley canaria de Memoria Democrática y otra actualizada a nivel estatal. A continuación, tras este catálogo que exalta al bando vencedor, habrá que intentar reparar el daño a los vencidos. En ese sentido, la catedrática abogó por “desarrollar otros trabajos de investigación. En este momento la legislación obliga a trabajar sobre los victimarios”.
Habrá que acometer la exhumación de los restos de García-Escámez y renombrar Somosierra y ese barrio
Durante la elaboración la primera fase del Catálogo de Símbolos, Calles, Monumentos y Menciones Franquistas en Canarias entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, lo que ha supuesto una necesaria actualización para “garantizar la ineludible armonización” de las acciones institucionales sobre memoria histórica. Esto supondrá abordar en Tenerife “casos sensibles y llamativos” como la exhumación de los restos del Teniente General García-Escámez de la iglesia de San Fernando Rey y los cambios de denominación de los barrios de García-Escámez y Somosierra.
“Técnicamente es un concepto de vestigio que se ha incorporado por la imposición de la nueva Ley de 2022 de Memoria Democrática”, y es que García-Escamez participó activamente en la sublevación, y “el enterramiento está en un lugar que es público por lo que debe ser retirado”, reiteró María Isabel Navarro, que recordó las dificultades para abordar la exhumación de Francisco Franco, pero ya hay un procedimiento que ha permitido retirar a los generales Mola, Queipo de Llanos o García Morato en distintos enterramientos que estaban en lugares públicos.
Ante los que se opondrán a los cambios de denominación de los barrios de García-Escámez y Somosierra, recordó que “tanto los nombres de García-Escámez como de Somosierra tienen que desaparecer por la Ley de 2022, y porque se le retiró el título nobiliario de Marqués de Somosierra”. La toma y defensa del puerto de Somosierra, que constituye el paso más oriental desde la Meseta Norte hacia Madrid, fue una de las acciones más destacadas de las tropas dirigidas por ese General durante la Guerra Civil.
Ante las voces que ensalzan sus obras y carácter benefactor, recordó que “al Mando Económico de Canarias, que fue presidido por Ricardo Serrador y luego García-Escámez, se le atribuyeron una serie de cometidos que en realidad no correspondían al órgano militar, lo que se hizo fue utilizar una financiación que era civil. Motivado por las especiales circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, todas las administraciones civiles fueron subordinadas a la militar, y García-Escámez administró fondos civiles suplantando los cometidos y las competencias propias de esas instituciones”.
Pese a su labor en beneficio de la población civil en los años de dictadura, Navarro insistió en que “sería muy importante dar a conocer a la sociedad tinerfeña las acciones realizadas por García-Escámez en los años de represión del régimen contra población civil” que calificó de “graves, abominables y equiparables a las de otros como Queipo de Llano”.
Cuestionada sobre la Recova, la catedrática de la ULL, señaló que dicen que “se denominó así por la mujer del general Ricardo Serrador (era ceutí), pero en realidad Nuestra Señora de África, además de la patrona de Ceuta fue desde el primer momento considerada patrona de la sublevación militar, por ser la protectora de las unidades donde nació y que la mayoría de sublevados fueron militares africanistas”. “Esta denominación debería ser, por lo menos, debatida en un Pleno municipal y tenerse en cuenta”.
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