La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha fijado servicios mínimos de entre el 15% y el 25% para la huelga convocada por Comisiones Obreras (CCOO) en el sector de la hostelería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife los días 17 y 18 de abril, Semana Santa.
Según se recoge en una resolución publicada este miércoles en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Canarias, estos servicios mínimos afectan a todos los establecimientos turísticos de alojamiento de la provincia.
En concreto, se establece un 25% de la plantilla por turno y día en las áreas de recepción y conserjería, y un 15% en pisos y limpieza, restaurantes y cocina. Además, se indica que los restaurantes deberán garantizar un buffet de desayuno, almuerzo y cena para los clientes alojados.
La Consejería justifica esta medida por la necesidad de mantener las condiciones mínimas de salubridad, seguridad e higiene en los establecimientos alojativos. Añade que la huelga coincide con un periodo de alta ocupación, cercana al 95%, y con la presencia de niños y personas con discapacidad, lo que requiere asegurar la continuidad de determinados servicios.
Para fijar los servicios mínimos, el Gobierno autonómico se ampara en la normativa laboral de 1977, que contempla la posibilidad de establecer medidas para garantizar el funcionamiento de servicios públicos o de necesidad inaplazable ante circunstancias de especial gravedad.
No es servicio esencial
CCOO, por su parte, ha anunciado que recurrirá judicialmente esta resolución al considerar que vulnera el derecho fundamental a la huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española. En un comunicado, el sindicato califica de “ilegítima, desproporcionada y jurídicamente insostenible” la decisión de establecer servicios mínimos en un sector que, según defiende, no puede considerarse esencial.
La organización sindical también ha criticado que la comunicación del decreto se realizara a última hora del día, lo que a su juicio impidió presentar un recurso contencioso-administrativo en tiempo y forma. Además, cuestiona la proporcionalidad de los porcentajes fijados y la falta de justificación detallada sobre la necesidad concreta de cada servicio.
Según CCOO, el decreto se basa en una “justificación genérica y alarmista” sin un análisis individualizado que valore el daño real frente al derecho de las personas trabajadoras. El sindicato sostiene que los servicios mínimos impuestos vacían de contenido el derecho a la huelga e incumplen los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.
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