La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido para una mujer seis años de prisión, multa de 2.200 euros y el abono de una responsabilidad social de 134.600 euros a una Sociedad Municipal de Vivienda y Servicios de Tenerife, al considerarla autora de un delito continuado de apropiación indebida agravado.
La acusada actuaba como agente inmobiliario en representación del denunciante quien había sido beneficiado por una expropiación, por lo que requirió sus servicios para encontrar una propiedad.
En su escrito, el Ministerio Fiscal indica que el supuesto estafado quería que la mujer negociara con una Sociedad Municipal de Viviendas y el Cabildo a través de esta vía para encontrar una casa.
Pero la mujer “con ánimo de lucro y de obtener un enriquecimiento injusto”, según la Fiscalía, recibió desde la entidad 155.500 euros como depósito en diferentes fechas y en cantidades que oscilaban entre los 8.000 y los 53.000 euros.
Al parecer la mujer se apropió de 135.000 euros que destinó a usos personales y particulares durante estos años hasta el punto de dejar sin fondos la cuenta en la que recibió el dinero transferido.
Por ello, no acudió a la firma de la compraventa fijada en una notaría donde tenía que aportar los cheques nominativos correspondientes para la compraventa de la vivienda del perjudicado, alegando supuestos embargos de Hacienda.
Finalmente, tras varios requerimientos infructuosos por burofax y por email la acusada abonó los importes de la adquisición de la vivienda que ascendieron a 127.230,47 euros, que se firmó, según consta en la escritura pública de compraventa ante notario.
El perjudicado por su parte recibió el apoyo por parte de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario con funciones representativas, asistió en la firma de la compraventa y también a la hora de que recibiera el adecuado tratamiento médico.
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