El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo estudia ampliar el número de aerolíneas sancionadas por el cobro del equipaje de mano. El titular del departamento, Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles en Bruselas que se están analizando dos denuncias contra las compañías Wizzair y Transavia, que podrían seguir los pasos de Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea, multadas en noviembre con 179 millones de euros por prácticas que el Gobierno considera abusivas.
Bustinduy ha señalado que estas dos compañías “están en el proceso de seguir el camino de las cinco anteriores”, aunque fuentes del Ministerio aclaran que, por ahora, no se ha iniciado ningún expediente sancionador. La Dirección General del Consumo está evaluando las denuncias y determinará si existen motivos suficientes para imponer sanciones. Además del cobro por el equipaje de mano, las investigaciones incluyen posibles irregularidades en la asignación de asientos para menores o personas dependientes, así como en el coste por imprimir la tarjeta de embarque.
El anuncio del ministro ha coincidido con la comparecencia de la Asociación Europea de Consumidores (BEUC) y otras 16 organizaciones de defensa del consumidor —incluidas las españolas OCU, CECU y Asufin— que han presentado una denuncia conjunta ante la Comisión Europea y la Red de Autoridades de Protección al Consumidor contra siete aerolíneas low cost: EasyJet, Norwegian, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling y Wizzair.
Las organizaciones alegan que estas compañías siguen cobrando por el equipaje de mano a pesar de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en su sentencia de 2014 sobre el caso Vueling estableció que no se pueden aplicar cargos adicionales si el bulto cumple con los criterios razonables de peso y tamaño, siempre que se respeten las normas de seguridad. Según BEUC, más de 450 millones de pasajeros se vieron afectados en 2024 por estos cobros, con precios que varían entre 6 y 75 euros dependiendo de la ruta, la compañía y el momento de la reserva.
El Ministerio de Consumo ya impuso el año pasado una multa de 179 millones de euros a cinco aerolíneas por prácticas como el cobro del equipaje de mano, el pago obligatorio para reservar asiento junto a menores o personas con movilidad reducida, y la falta de transparencia en el desglose de precios. Esta resolución, cerrada en noviembre de 2024, fue recurrida por las compañías, que solicitaron medidas cautelares ante los tribunales y rechazaron modificar sus políticas comerciales, al no tratarse aún de una sanción firme.
Las aerolíneas afectadas, junto con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Airlines for Europe (A4E) y la Asociación de Aerolíneas Regionales Europeas (ERA), denunciaron la decisión del Gobierno español ante la Comisión Europea, que abrió una investigación en enero. El sector alega que las sanciones contravienen el Reglamento Europeo 1008/2008, que garantiza a las aerolíneas la libertad para fijar precios, incluyendo los relacionados con el equipaje o la elección de asientos.
La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que representa el 85 % del tráfico aéreo en España, sostiene que el cobro por la maleta de cabina es legal y responde a un modelo de pago por servicios adicionales. Argumentan que permite al pasajero personalizar su viaje según sus necesidades y pagar solo por lo que requiere.
Por su parte, el director general de BEUC, Agustín Reyna, ha insistido en que las compañías están incumpliendo la sentencia del TJUE y ha reclamado que se aclare legalmente qué servicios deben estar incluidos en la tarifa básica de los billetes. La organización considera que el equipaje de mano forma parte de ese mínimo esperado por los consumidores y que cobrar por él de forma sistemática vulnera sus derechos.
El debate continúa abierto, en un contexto sin regulación específica sobre la gratuidad del equipaje de mano en la legislación europea. Las diferencias de interpretación entre aerolíneas y asociaciones de consumidores se apoyan en la misma normativa, mientras Bruselas valora si el Gobierno español actuó conforme al derecho comunitario al imponer la histórica sanción.
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