Los Colegios de Trabajo Social de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife expresaron su preocupación ante la entrada en vigor del decreto de dependencia. Denuncian que “bajo el argumento de la agilidad y la disminución de las listas de espera, se esconde una mayor burocratización y un empobrecimiento de la atención”, al no compensar los problemas estructurales de base: la falta de personal y de gestión de calidad.
Además, “lejos de simplificar los trámites”, esta nueva normativa “traslada la carga administrativa a la ciudadanía y, en consecuencia, generará el colapso de los servicios sociales municipales, una simplificación que complica a la ciudadanía”.
Esgrimen que aunque se presente como una medida para agilizar los procedimientos, “en la práctica la complejidad del nuevo modelo de solicitud exige a los solicitantes proporcionar una extensa y detallada información económica y social de toda la unidad familiar”. Esto incluye datos bancarios, de salud y detalles sobre su entorno familiar, incluso antes de saber si se les reconocerá algún grado de dependencia.
Consideran que el decreto es una “involución” de la atención pública. Pese a presentarse como una simplificación, “únicamente aligera la carga administrativa para el Gobierno y traslada toda la complejidad y responsabilidad a la ciudadanía, que deberá completar un modelo exhaustivo y difícil de interpretar”. “Es una burocratización del proceso aún mayor para las personas dependientes y sus familias, un colectivo fragilizado”, al que la administración “pretende sumar más carga”. Esto les obligará a “acudir repetidamente a los servicios sociales municipales en busca de ayuda para completar la solicitud, lo que saturará unos servicios sobrecargados”, señalan.
Elección inadecuada
El modelo solicita que las familias elijan directamente los servicios o prestaciones que consideran adecuados, sin la orientación de profesionales, lo que “aumenta el riesgo de decisiones mal informadas que no respondan a las verdaderas necesidades” de la persona en situación de dependencia.
Además, el modelo solicita autorización para acceder a datos “sanitarios” y sobre “circunstancias familiares y sociales” sin especificar claramente cuáles son, lo que plantea “serias dudas” sobre el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y la confidencialidad de la información personal que consulte el Gobierno de Canarias.
Denuncian que el nuevo decreto, que elimina el informe social, tampoco contempla la incorporación del informe de entorno. Esta doble ausencia “priva al procedimiento de valoración de herramientas esenciales” para interpretar el contexto y las necesidades reales del solicitante y todavía no se ha desarrollado un modelo normalizado que garantice una “evaluación rigurosa, equitativa y centrada en la persona”, apuntan.
El decreto hace responsable del dictamen-propuesta a profesionales que “ya de por sí están saturados y que no cuentan con el tiempo necesario ni con los instrumentos de valoración adecuados”. En el caso de tener que analizar la situación personal, familiar y social, se basarán en el análisis de la documentación aportada y no en la visita o análisis del entorno en el que vive. Esto pone en evidencia la “desconexión profunda” entre la administración y la realidad de las personas en dependencia.
Uno de los aspectos alarmantes del nuevo procedimiento es que se obliga a la persona a decidir, en el mismo momento de la valoración y elaboración del PIA, qué servicio o prestación desea recibir, sin tener tiempo para reflexionar e informarse adecuadamente.
“Esta decisión se tomará minutos después de haber valorado su grado de dependencia, en un contexto de alta carga emocional e informativa y sin garantías de comprensión de las implicaciones de cada alternativa”.
A ello se suma una medida “especialmente lesiva” pues establece un plazo máximo de tres meses desde el reconocimiento de la dependencia para hacer uso efectivo del servicio o prestación asignada. En caso de no hacerlo en ese plazo, se perdería el derecho adquirido, salvo que se justifique que la demora no fue imputable al interesado. Sin embargo, no se aclara cómo deberá demostrarse ni qué situaciones se considerarán como no imputables.
Esta exigencia “es una forma más de maltrato institucional” con el objetivo de “cerrar expedientes y engrosar artificialmente las cifras de tramitación del sistema”, consideran.
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