El Ayuntamiento de Granadilla de Abona dio ayer un paso adelante en la protección de su litoral y barrancos al celebrar una reunión de alto nivel con representantes de distintas administraciones autonómicas, insulares y cuerpos de seguridad. El objetivo: coordinar futuras actuaciones que pongan freno a la ocupación irregular de zonas costeras y espacios naturales sensibles.
La reunión estuvo encabezada por el alcalde, José Domingo Regalado, y la concejala de Seguridad, María Candelaria Rodríguez. También participaron la consejera del Medio Natural del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez; miembros de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el Consejo Insular de Aguas, la Policía Canaria, la Policía Local, la Guardia Civil y personal técnico de Urbanismo y Medio Natural.
El encuentro se centró en reforzar la cooperación interinstitucional para proteger el entorno natural y garantizar la seguridad ciudadana. Regalado destacó la necesidad de “una respuesta común ante una problemática creciente”.
Rodríguez, por su parte, subrayó que “estas mesas de trabajo permiten sentar las bases de acciones coordinadas. Seguiremos impulsando espacios de diálogo que nos permitan actuar con eficacia
Es importante recordar que el litoral de Granadilla de Abona ha sido escenario recurrente de asentamientos irregulares. En 2020, más de una treintena de habitáculos fueron desalojados entre las zonas de La Mareta y el Charco del Clérigo, en Los Abrigos. Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, muchas de las personas desplazadas en aquella operación se trasladaron posteriormente a otros puntos del municipio.
Actualmente, estos asentamientos se dividen en dos núcleos: uno cercano al perímetro del Aeropuerto del Sur, con casi un centenar de personas, y otro más próximo a El Médano, donde residen entre 15 y 20 personas. En ambos casos, las cuevas naturales han sido habilitadas como viviendas improvisadas con palmeras, mantas, sillas y tiendas de campaña.
La exconcejala socialista de Seguridad, Carmen Dolores Rodríguez confirmó a este periódico en abril de 2024 que, para aquella fecha, no se había fijada una nueva operación de desalojo, aunque aseguró que “ya se está trabajando con el Consejo Insular de Aguas” para abordar la situación. “Desde hace tiempo, los visitantes denuncian el impacto visual y ambiental en estas zonas”, añadió.
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