El proyecto de construcción de dos parques eólicos en Fasnia y Güímar —El Pilón I y El Pilón II— con una inversión conjunta de 22,3 millones de euros, ha encendido una profunda oposición social y política en ambos municipios del sureste de Tenerife. Aunque la empresa promotora, Disa, asegura cumplir con toda la normativa legal y medioambiental, los informes técnicos y las alegaciones tanto institucionales como ciudadanas denuncian graves impactos ecológicos, patrimoniales y sociales.
A lo largo de 24 torretas y un cableado mixto, aéreo y soterrado, esta iniciativa renovable cruzaría 181 parcelas e incluso atraviesa cauces, zonas residenciales, el Barranco de Herques y —según varios informes técnicos— áreas protegidas como la Reserva Natural del Valle de Güímar.
El conflicto no solo enfrenta posturas sobre el desarrollo sostenible, sino también sobre la forma en que se toman las decisiones energéticas en la Isla y, en general, en Canarias. El uso del viento en la comarca sureste de Tenerife está en conflicto.
Los primeros en pronunciarse, por alusiones, han sido los gobiernos locales de Güímar y Fasnia, que han manifestado formalmente su profundo rechazo. La corporación municipal, de forma unánime, con el alcalde de Fasnia, Luis Javier González (PSOE), a la cabeza, presentó alegaciones, que se encuentran ambas en fase de consulta pública.
En declaraciones para DIARIO DE AVISOS, advierte del grave impacto ambiental que tendría el trazado del cableado eléctrico sobre el Barranco de Herques, un monumento natural incluido en la Red Natura 2000. Según el regidor, la promotora “no ha presentado el preceptivo estudio de alternativas”, obligatorio en estos casos, lo que ya supone, a su juicio, “un incumplimiento normativo”.
“Ese estudio no existe, sencillamente porque sí que existen alternativas viables”, afirmó, señalando que la conexión eléctrica del parque eólico podría realizarse a través de infraestructuras ya existentes, como las que discurren por la TF-1 o la TF-28.
González también subraya las afecciones directas que los aerogeneradores tendrían sobre la población local. Los cuatro molinos proyectados en Fasnia estarían a menos de 400 metros de viviendas, del Hotel Rural Las Casas del Camino Real, y muy cerca de equipamientos públicos como un colegio, un centro de salud y un centro sociosanitario.
Esto, denuncia, implica “problemas de ruido, sombras y un fuerte impacto paisajístico”. Además, se critica la “falta de precisión” en el Estudio de Impacto Ambiental, que no aclara qué modelo de aerogenerador se usará, con alturas que pueden variar entre 90 y más de 160 metros, lo que altera drásticamente el impacto sonoro y visual.
“El estudio sugiere de forma bastante grosera que Fasnia ya está acostumbrada a los aerogeneradores, como si eso justificara cualquier nueva instalación”, reprocha.
En Güímar, la corporación municipal —conformada por CC, PSOE y USP— ha aprobado también mociones en contra de El Pilón II. La abstención de PP y NC impidió la unanimidad. El alcalde, Gustavo Pérez, apunta que “hemos presentado 82 alegaciones formales a los expedientes ER225926 y ER230043 contra el proyecto basados en el impacto ambiental, social y económico”, ya que como los técnicos subcontratados por el ejecutivo local señalan: “es posible generar energía renovable sin sacrificar el entorno de Güímar y su patrimonio”.
VALLE DE GÜÍMAR
Otro de los puntos más controvertidos del proyecto es la delimitación de los espacios naturales protegidos. En el caso del cableado proyectado, los trazados indican que podría estar tocando muy de cerca los límites de la Reserva Natural del Valle de Güímar.
Sin embargo, según el alcalde del municipio, los técnicos municipales manejan indicios de que “parte de la infraestructura podría incluso adentrarse dentro del propio espacio protegido”, lo que agravaría aún más su afección ambiental.
La oposición social ha cristalizado en la Plataforma Ecomarca para la Defensa y Protección del Sureste de Tenerife.
Con casi un centenar de asociados y epicentro en El Escobonal, la plataforma ha creado una recogida de firmas que a día de hoy alberga más de 1000.
En esencia, esta asociación no se opone a las energías renovables per se, sino a su implementación sin planificación participativa.
“La ubicación prevista de los aerogeneradores, a menos de un kilómetro de zonas residenciales, constituye una amenaza directa para la calidad de vida”, afirma Hiurma Rodríguez Chico, vicepresidenta de la asociación.
BARRANCOS AFECTADOS
La plataforma ha canalizado múltiples alegaciones ciudadanas, advirtiendo de un impacto ambiental severo: más de 35 barrancos y cauces se verían afectados y el volumen de tierra removida superaría los 240.000 metros cúbicos, alterando gravemente el paisaje y los ecosistemas locales.
“Nos preocupa especialmente el índice de potencial eólico de la zona, que es sólo medio. La normativa sobre transición energética no prioriza este tipo de enclaves para nuevas instalaciones”, señalan desde la organización.
Además, Rodríguez apunta un gran paradigma que diversos estudios apuntan: sería más beneficioso renovar la red eólica existente insular, en lugar de expandirla con nuevos parques como el proyectado sobre Gúímar y Fasnia.
“Esto generaría un incremento de hasta el 158 %”, sitúa, en la producción energética. “No hace falta arrasar un territorio tan limitado como el de estas Islas para reducir la huella de carbono del Archipiélago”, apunta.
Informes y daño al territorio
Las alegaciones no se sustentan solo en percepciones vecinales. Entre la documentación técnica remitida por el Ayuntamiento de Güímar, figuran informes desfavorables de la Consejería de Agricultura, de la Universidad de La Laguna (ULL) y del área de urbanismo del propio consistorio. El Departamento de Edafología de la ULL advierte de la “grave afectación al yacimiento paleontológico Bandas del Sur”.
También se alerta sobre el patrimonio arqueológico del Monumento Natural del Barranco de Herques y del Espacio Protegido del Malpaís de Güímar. En cuanto al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se señalan deficiencias como la falta de un análisis alternativo de trazados, omisiones de impactos visuales, acústicos o lumínicos, y una escasa mención a la Red Natura 2000.¿futuros proyectos?
Una de las sospechas más reiteradas entre todos los actores opositores de este proyecto es que el trazado energético propuesto —particularmente la línea privada de 14 km que cruzaría zonas protegidas— podría servir de base para futuras ampliaciones, dada su gran magnitud. “Este proyecto deja clara la intención de facilitar la instalación de más aerogeneradores en el futuro, aunque ahora no se mencione”, señala Luis Javier.
Otro de los colectivos que también ha alzado la voz es Drago Canarias, que a pesar de su nula presencia en la política de la comarca sureña, ha dado un fuerte impulso a las reclamaciones en contra de este proyecto. Su portavoz, Carmen Peña advierte sobre un modelo que se repite en Canarias: “Sí a las renovables, pero no a su imposición en zonas frágiles”.
Peña lanza un firme alegato a favor de “democratizar la transición energética” y denuncia que municipios como Arico se han convertido en “el vertedero eólico de la Isla”, a la vez que reclama “no clonar este modelo en otros municipios circundantes”, clama por la defensa de la flora y fauna y, finalmente, apoya un modelo basado en comunidades energéticas, donde la generación se descentralice y se gestione con criterios “técnicos, planificación y una participación ciudadana sobre las decisiones importantes”.
La portavoz también cuestiona el impacto económico real que estos proyectos tendrán en los municipios afectados. “La riqueza debe quedarse aquí”, reclama, mientras se plantea: “¿Se prevé la creación de empleo en el municipio? ¿Van a revertir los beneficios sociales en el territorio?.
A juicio de muchos de los actores implicados, el verdadero debate no es “¿renovables sí o no?”, sino cómo, dónde, para quién y con qué consecuencias. La batalla por El Pilón I y El Pilón II no solo trata de aerogeneradores o torretas: encarna un conflicto de escala mayor sobre el territorio, que últimamente está en el tablero político y social. Este rechazo ahonda en la irreversibilidad de las decisiones y el modelo energético que se quiere construir para Canarias.
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