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Alertan del “colapso” del sistema público de protección en Canarias

Denuncian que más de 13.000 personas se encuentran en el limbo de la dependencia, a la espera de una prestación pese a tener reconocido su derecho
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Alertan del "colapso" del sistema público de protección en Canarias

Representantes de los Colegios de Trabajo Social de ambas provincias canarias han trasladado este viernes a la Diputada del Común, Lola Padrón, la situación de “colapso” del sistema público de protección social.

Han detallado aspectos que provocan una “preocupación creciente” en este colectivo profesional, como las más de 13.000 personas que se encuentran en el llamado limbo de la dependencia, a la espera de una prestación pese a tener reconocido su derecho.

También han aludido a los “retrasos inadmisibles” en los procedimientos que impiden el acceso real a “recursos fundamentales”, según detalla la Diputación del Común en un comunicado.

Los dos Colegios de Trabajo Social pretenden “poner en el centro a las personas más vulnerables y a los profesionales que trabajan en primera línea” y reclaman “soluciones estructurales y urgentes”.

Tras escuchar a sus representantes, Lola Padrón ha indicado que “hay algunas cuestiones transversales que nos están planteando, cuestiones que debemos de llevar cabo de manera proactiva”.

Ha abundado en que “se han detectado, no de ahora, sino de manera estructural, cuestiones muy graves relativas a la discapacidad y la dependencia”.

Además de la preocupación por los casos de Discapacidad y Dependencia, las directivas de ambos colegios profesionales han indicado que las acciones para aumentar el número de familias de acogida de menores “no están funcionando”, ya que el plazo de acogida es de seis meses y se está prologando hasta casi un año.

También han aludido a otro “colapso”, el de la gestión de la Renta Canaria de Ciudadanía, “con expedientes atascados, cobros indebidos y una carga desproporcionada sobre los equipos municipales”, ha denunciado Luisa Morales, vocal del Colegio de Trabajo Social de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En la reunión con la Diputada del Común han abordado igualmente las ratios de trabajadores sociales en el ámbito educativo, que ven insuficientes “en un momento en el que se disparan los problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia”.

Cifran que hay un profesional del Trabajo Social por cada 6.000 menores y creen que sería preciso establecer una ratio máxima de 2.000 estudiantes por profesional de Trabajo Social en los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos (EOEP) de zona. 

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