Los colectivos convocantes de la concentración “El Teide tiene un límite“, prevista para este sábado, han aplazado el acto tras condicionar la Subdelegación del Gobierno el permiso correspondiente a una autorización por parte del Cabildo de Tenerife, lo que los ecologistas califican de “argucia”.
En un comunicado remitido este jueves por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) se indica que los convocantes “se ven obligados a aplazar el acto, pese a su voluntad de mantenerlo”, y señalan que se trataba de una concentración “simbólica” en el Parque Nacional del Teide con el objetivo de denunciar la masificación y los impactos ambientales que sufre este espacio natural protegido.
El aplazamiento no se debe a una prohibición directa “sino a una argucia utilizada por la Subdelegación del Gobierno”, que ha condicionado la celebración de la protesta a la previa obtención de una autorización del Cabildo de Tenerife, se afirma en la nota.
Acusan a la Subdelegación de “escudarse” en una interpretación “oportunista” del Plan Rector de Uso y Gestión del parque, según la cual cualquier acto que suponga una concentración masiva de personas debe contar con una autorización previa.
“Esta exigencia fue comunicada además con escaso margen de tiempo para maniobrar, lo que imposibilita materialmente la realización del acto en la fecha prevista”, añaden los convocantes, que señalan que de no contar con esa autorización, que “depende precisamente de la administración contra la que va dirigida esta protesta por su desastrosa gestión del espacio protegido”, la Subdelegación activaría “su maquinaria coercitiva y sancionadora” contra los organizadores.
Por ello, prosiguen, las acusaciones de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, dirigidas al Gobierno central por no haber prohibido la manifestación forman parte a su juicio “de una estrategia política interesada” ya que, de hecho, la Subdelegación ha puesto “arbitrariamente” en manos del Cabildo la decisión sobre el ejercicio de un derecho fundamental como el de reunión.
Aseguran también que Rosa Dávila “no ha sabido o no ha querido interpretar la resolución, tergiversando los hechos y cargando contra el Estado” por una supuesta autorización que nunca se produjo, y lo ha hecho, afirman, mientras acusa a los colectivos de “utilizar el Teide como escenario para sus batallas ideológicas” cuando “ella misma está instrumentalizando el parque con fines políticos, usando su cargo para atacar al Gobierno central en vez de asumir su responsabilidad en la crisis ambiental del Teide”.
En opinión de los colectivos convocantes, resulta “paradójico y profundamente hipócrita” que se ponga el foco en una protesta “pacífica y responsable” mientras el Cabildo permite y promueve actividades en el parque que “atentan directamente” contra su conservación, como las carreras multitudinarias como la Bluetrail, la Vuelta Ciclista, rodajes, eventos masivos y propuestas comerciales a las puertas del parque.
A ello se suma la falta de control y vigilancia de las prácticas ilegales que ocurren a diario en el parque: acampadas ilegales, rutas nocturnas de quads, visitas descontroladas, daños al patrimonio natural y geológico, o accesos irregulares al pico del Teide, prosiguen los ecologistas.
Los colectivos convocantes afirman que se les está impidiendo ejercer el derecho democrático fundamental a la manifestación y dicen sentirse “desamparados, silenciados y deslegitimados” por quienes, desde sus cargos públicos, deberían garantizar el ejercicio de los derechos civiles, “no obstaculizarlos”.
“Aplazamos, pero no renunciamos”, continúan los colectivos organizadores de la protesta, que afirman que no descartan emprender acciones legales “por esta clara vulneración de derechos fundamentales”.
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