Además de hoteles, viviendas vacacionales y apartamentos, Canarias ofrece una modalidad alternativa para el descanso muy valorada por quienes huyen del turismo masivo: casas restauradas en espacios rurales, un segmento que, además de ofrecer experiencias personalizadas a sus visitantes, supone una apuesta por la conservación del patrimonio y la identidad isleña.
Pero el futuro de este subsector, que aglutina 840 casas en Canarias con capacidad para más de 4.000 plazas (la mayoría en Tenerife), preocupa cada vez más. Las alarmas han saltado y la viabilidad de esta modalidad se ve seriamente amenazada.
“La oferta del alquiler vacacional masivo en suelo rústico y en los pueblos está llevando al turismo rural al colapso”, aseguró ayer a este periódico Pedro David Díaz, presidente de la Asociación de Turismo Rural de Tenerife (Tenatur) y miembro de la Asociación Canaria de Turismo Rural (Acantur). Advierte de que esta modalidad de descanso está desapareciendo del Archipiélago al ser reemplazada por una oferta que “invade” su paisaje natural: las medianías y el campo.
Díaz señaló que la situación es “dramática” en islas como Lanzarote o Fuerteventura, donde apenas quedan en suelo rústico 33 y 23 alojamientos legales, respectivamente. “Sin embargo, en Canarias se registran cada día una media de 33 viviendas vacacionales”, un panorama que califica de “sinrazón absoluta”, con un crecimiento de la oferta alojativa vacacional que, “en caso de no regularse pronto -agrega- puede llevar al colapso residencial de la población canaria”.
Tanto Tenatur como Acantur agradecen que la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, anunciara la semana pasada la elaboración de un estudio sobre la situación en el Archipiélago del turismo rural, que considera “estratégico”, así como la concesión de ayudas de 1,2 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para la comercialización y la mejora de la eficiencia energética de estos establecimientos.
Es la primera vez, recuerda el presidente de Tenatur, que la Consejería de Turismo concede unas ayudas específicas para este subsector, que también ve con buenos ojos el compromiso de abordar la reducción de la burocracia administrativa y la posibilidad de estudiar reducir los impuestos a los pequeños propietarios de estos establecimientos.
Pero las intenciones del Gobierno de Canarias contrastan con la realidad municipal, ya que los ayuntamientos disponen de las competencias en urbanismo, ordenación del territorio, disciplina urbanística y en todo lo relativo a las actividades clasificadas. “Tenemos serias dudas de que los ayuntamientos tengan especial interés e implicación, puesto que su obligación es denunciar, clausurar y precintar la enorme oferta ilegal de alquiler vacacional que pulula en suelo rústico fuera de ordenación urbanística y no lo hacen”, subrayó Pedro David Díaz.
Ante este panorama, los propietarios de los alojamientos rurales consideran que la pervivencia del sector pasa por “protegerlo activamente, reconocerlo como un valor patrimonial e identitario, una mayor disciplina urbanística, ayudas y un decidido compromiso político, además de formación técnica en las oficinas municipales”.
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