El sindicato STEC-Intersindical Canaria denunció que el profesorado del Archipiélago ha sufrido una “importante” pérdida de poder adquisitivo que puede llegar en algunos casos a 70.000 euros y se ha recrudecido al arrastrar los efectos de la crisis económica de 2008, la inflación o la subida de los precios de la vivienda.
El STEC cifró la pérdida adquisitiva en lo que respecta a los salarios y complementos que dependen del Estado para la categoría A1 (profesores de Secundaria, Escuelas de Idiomas y de Arte) en más de 53.000 euros -con una antigüedad de 13 años- entre los salarios mensuales y las pagas extra, pero aquellos que llevan 35 años de docencia han podido dejar de ingresar casi 70.000 euros. Los del Grupo A2 (maestros, profesores del nuevo cuerpo de especialistas en sectores singulares de la FP, los maestros de taller de las escuelas de arte o aquellos que quedan por extinguir del cuerpo de profesores técnicos de FP) han perdido más de 40.000 euros en total, en el caso de 13 años de antigüedad, y se eleva a 52.600 con 35 años.
Según afirmó Emilio Armas, de STEC-IC en Gran Canaria, “tendremos que plantarnos, decir ¡Basta! e intentar negociar un incremento salarial que acabe esta sangría año tras año”, o al menos negociar un aumento que supere el valor del IPC. Insistió en que “ya es hora de que nos devuelvan las cantidades que nos vienen descontando desde 2010”, no obstante, debido a la ausencia de Presupuestos del Estado llevan desde 2023 con el sueldo congelado, y “dada la situación política, no es optimista”.
A lo anterior se suma la pérdida provocada por la falta de actualización de los complementos que dependen de la comunidad autónoma, que no se han actualizado desde el 2018, año en el que se empezaron a abonar. El secretario de STEC-IC en Tenerife, Gerardo Rodríguez, desveló que los docentes canarios cobran por tutoría 35 euros al mes, “irrisorio con todo lo que significa”, mientras que otros con una sobrecarga laboral importante como la coordinación de riesgos laborales, la de TIC, la de lenguas extranjeras (AICLE) y la coordinación de convivencia (engloba la actuación y prevención del acoso escolar) se abonan 30 euros al mes “por debajo de sus responsabilidades”, criticó. Mientras otras ni se pagan, como las de Bienestar o la de Patrimonio Cultural y Natural.
En relación a los sexenios, denunció que “se han quedado obsoletos” y ni siquiera se cobran en el mismo mes en que se cumplen, sino a partir de enero del año siguiente; por tanto, instó a “elevarlos hasta para que el profesorado tenga unas condiciones dignas y unos complementos retributivos que estén a la altura”, teniendo en cuenta la dificultad para acceder a una vivienda o el aumento de precios por la inflación.
Por último, en el complemento específico, recriminó que no se cobra al 100%, sino al 78%, una situación que se arrastra desde 2010, cuando quedó congelado. “En Sanidad y Educación se mantiene esta discriminación con respecto al resto de empleados públicos”.
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