Representantes de la Plataforma de directores de centros educativos de Canarias respaldaron ayer la proposición de ley de autoridad del profesorado que tramitará la próxima semana el Parlamento regional, ante el incremento de “insultos, amenazas, acoso y agresiones” en los centros, y reclamaron que debe ir acompañada de recursos para que sea posible y no quede “solo en palabras”.
Francisco Santana advirtió de que en la última convocatoria de selección de directores, el 50% de las plazas quedaron vacantes; por tanto, los equipos directivos están “en peligro de extinción”, relacionado este hecho por la sobrecarga de funciones, la burocracia y su escaso reconocimiento: “Nadie quiere un cargo de responsabilidad que está tan poco valorado”. “Somos directores porque nadie quería ser director en nuestro centro”, y defendió que unas mejores condiciones “podrían atraer” a otros compañeros a asumir esas funciones.
La reducción de la burocracia fue su principal propuesta para incorporar a la ley de autoridad docente, al considerar que el tiempo dedicado a informes y trámites limita la atención al alumnado y el liderazgo pedagógico. Subrayó que la norma “no supone autoritarismo ni poder, sino autoridad” para poder cumplir mejor la labor docente: “Proteger al docente es proteger la educación”.
Recordó que los centros son “cada vez más complejos” y demandó que la futura ley refuerce la “cadena de respaldo”. La autoridad del profesor se debilita cuando percibe que la dirección no puede respaldarlo, pero puede ser todavía peor, que la administración tampoco respalde a la dirección, y ahí la autoridad del director se debilita.
Respaldar no significa darle automáticamente la razón, sino escucharle, comprobar los hechos, activar los protocolos y proteger los derechos de todos.
Los comparecientes explicaron sus funciones de dirección y abordaron cuatro realidades diferentes: Carmen Terrón, directora de un centro de Educación Infantil y Primaria; María Cristina Molowny, de un centro de Educación Especial; Sara Lázaro, directora de un centro de Secundaria y Bachillerato, y Francisco Santana, de un instituto con enseñanza postobligatoria, pero con mismo nexo: necesitan una norma compartida, apoyos, procedimientos claros, seguridad jurídica y respaldo institucional.
Carmen Terrón reiteró que la autoridad docente “no se puede decretar, se tiene que hacer posible”, y ese reconocimiento “debe ir acompañado de recursos, de una protección jurídica real, asesoramiento inmediato, apoyo psicológico y procedimientos rápidos ante insultos, amenazas y agresiones físicas”.
Mientras, Cristina Molowny abogó para que la futura ley de autoridad docente “se vincule con la ley de diversidad, con la dotación de profesionales especializados y con formación” para atender al alumnado con necesidades educativas especiales. En un centro ordinario la conducta disruptiva “constituye una falta disciplinaria”, pero en el caso del alumnado con NEAE, determinadas conductas son la manifestación de su propia discapacidad, “responden a sobrecargas sensoriales, dificultades de comunicación o problemas de salud mental” que requieren apoyos específicos. En los centros de educación especial se vive una “violencia silenciada y normalizada” con agresiones, insultos y amenazas, apuntó, Y pese al aumento de personal también a crecido el alumnado con grandes necesidades de apoyo. “El objetivo final es lograr que el aula sea un entorno seguro, tanto para el docente que necesita protección y recursos, como para el alumnado con discapacidad que merece una educación inclusiva, justa y no discriminatoria”, explicó.
Reforzar límites
La directora Sara Lázaro, puso sobre la mesa la realidad de los centros de Secundaria, reclamando reforzar “límites, convivencia y respeto” con “reglas claras” para los conflictos vinculados a la actividad educativa que se producen tanto dentro como fuera del centro o a través de las redes, con instrucciones sobre la intervención de otros servicios y la protección inmediata del docente. Lamentó el tiempo que se consume en trabajar con los alumnos las malas conductas. Se preguntó por qué no se han cubierto las plazas en el proceso de selección de directores.
Terrón: “El respeto y la seguridad son indispensables para educar”
La directora Carmen Terrón Álvarez reclamó “protección jurídica real, asesoramiento inmediato, apoyo psicológico, protocolos claros ante agresiones, respaldo institucional y procedimientos rápidos” ante insultos, amenazas, descalificaciones, ataques en redes sociales y agresiones físicas.
Advirtió de la “violencia silenciosa” de tener que “justificar constantemente” cada decisión pedagógica, lo que genera “desgaste, miedo e inseguridad” entre los docentes. “Hay profesionales que sienten miedo de corregir o tomar decisiones por las posibles consecuencias”, señaló, e insistió en que hay que defender la “convivencia” en los centros. Como ejemplo, relató la entrada de un padre al colegio entre gritos después de que un tutor comunicara una incidencia relacionada con su hijo. “El respeto y la seguridad del profesorado no es una reivindicación corporativa, es una condición indispensable para poder educar”, explicó.
También defendió que “las familias tienen derecho a preguntar, a discrepar, a reclamar y a pedir explicaciones, pero discrepar no significa insultar, reclamar no significa amenazar y cuestionar una decisión no puede significar desacreditar, acosar o intimidar”.
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