La evolución hacia una movilidad más respetuosa con el entorno y la creciente preocupación por los efectos de la contaminación en la salud pública han vuelto a poner sobre la mesa la validez del actual sistema de etiquetado ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT). Esta clasificación, basada en el tipo de propulsión del vehículo, ha servido hasta ahora para delimitar el acceso a zonas de bajas emisiones y fomentar la adopción de modelos menos contaminantes.
Sin embargo, el creciente escrutinio sobre el impacto real de algunos automóviles catalogados como “sostenibles” ha revelado importantes limitaciones en el modelo vigente. En respuesta a estas críticas —y a la presión de formaciones como Sumar, ERC, EH Bildu y BNG— el Ejecutivo ha incorporado una enmienda en la Ley de Movilidad Sostenible que obliga a revisar los criterios actuales en un plazo de doce meses. Por primera vez, se incluirá de forma explícita la cantidad de dióxido de carbono (CO2) emitido como factor a tener en cuenta en el etiquetado.
Revisión a fondo del sistema actual
Hoy en día, los distintivos ambientales se reparten en cinco categorías: sin etiqueta, B, C, ECO y Cero emisiones. Esta jerarquía responde principalmente al tipo de tecnología incorporada, dando prioridad a los modelos eléctricos e híbridos. No obstante, esta lógica ha sido cuestionada debido a que algunos de estos vehículos continúan emitiendo contaminantes en niveles significativos en determinadas condiciones.
Es el caso, por ejemplo, de muchos híbridos enchufables, que si no se recargan con frecuencia, funcionan sobre todo con su motor de combustión. Pese a ello, mantienen la etiqueta ECO. Incluso algunos modelos con distintivo Cero pueden emitir gases nocivos cuando se agota su autonomía eléctrica o si no se optimiza su funcionamiento.
La futura revisión, según recoge el texto legal, deberá adaptarse a la evolución tecnológica del parque automovilístico, identificar fallos actuales en la evaluación de contaminantes y asegurar que los distintivos reflejan con mayor fidelidad el comportamiento ambiental del vehículo. El enfoque dejará de estar centrado exclusivamente en la motorización para dar paso a una evaluación más integral del impacto real sobre el medioambiente.
Nuevos criterios, nuevas consecuencias
Incluir el CO2 como elemento clave en el análisis podría modificar de forma sustancial las ventajas asociadas a ciertas categorías. Modelos que ahora disfrutan de beneficios fiscales o privilegios de movilidad por contar con etiquetas ECO o Cero podrían perder estos incentivos si se demuestra que sus emisiones reales son elevadas. Esto podría afectar al mercado de segunda mano y condicionar futuras decisiones de compra.
La responsabilidad de elaborar este nuevo estudio recaerá en un grupo interministerial que integrará a los departamentos de Transportes y Movilidad Sostenible, Interior, Transición Ecológica, Industria y Turismo, Economía y Comercio. Además, se consultará a las comunidades autónomas para adaptar el rediseño a la realidad de cada territorio, sobre todo en lo relativo a las zonas de bajas emisiones urbanas.
Este replanteamiento también podría repercutir en los planes de ayuda pública al sector, como el programa MOVES, que subvenciona la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos. Las subvenciones podrían orientarse a recompensar a quienes presenten menores emisiones reales, lo que favorecería a los fabricantes más comprometidos con la eficiencia y dificultaría estrategias de “maquillaje verde”.
Hacia una medición más precisa
Entre las propuestas que se barajan figura la posibilidad de incorporar pruebas en condiciones reales de conducción o incluso sistemas de medición en tiempo real, como el protocolo WLTP. Esta medida permitiría reducir el desfase entre las cifras homologadas en laboratorio y las emisiones efectivas en entornos urbanos o de alta exigencia energética.
Las organizaciones ecologistas han recibido con buenos ojos la iniciativa, considerando que marca un avance necesario hacia una política de transporte coherente con los objetivos climáticos. Aun así, reclaman que la transición se haga con una comunicación clara y medidas de adaptación que no perjudiquen a quienes confiaron en las reglas actuales al comprar su vehículo.
En definitiva, el Gobierno afronta el desafío de actualizar uno de los pilares normativos de la movilidad sostenible. Reformar el sistema de etiquetas no es solo una cuestión técnica, sino también una oportunidad para reforzar la transparencia, la equidad y la confianza ciudadana en la transformación ecológica.
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