Las representantes de los colegios profesionales de Trabajo Social de ambas provincias denuciaron el “colapso del sistema público de protección social” en Canarias durante una reunión con la Diputada del Común, Lola Padrón.
Ante un contexto “de preocupación creciente” por el deterioro de los derechos sociales en las Islas, abordaron situaciones “especialmente graves”, como la existencia de más de 13.900 personas “en el limbo de la dependencia, esperando una prestación pese a tener reconocido el derecho”, los retrasos en el reconocimiento de grado en las personas con discapacidad, además de “retrasos inadmisibles” en los procedimientos que impiden el acceso real a recursos fundamentales como la Renta Canaria de Ciudadanía. Las profesionales, que trabajan en “primera línea” del sistema, reclamaron “soluciones estructurales y urgentes” y “poner en el centro a los más vulnerables”.
Maitane Cabrera, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Tenerife, dijo que “alzan la voz” para denunciar que “esto no es un una crisis puntual, es un colapso estructural que estamos detectando desde hace tiempo” y “no podemos seguir con planes de choque y contrataciones puntuales”, sino tenemos que contar ya con “una estructura diseñada, con un nuevo modelo que no puede ser el antiguo”, sino el que ahora mismo requiere la ciudadanía, “respuestas inmediatas”.
Exigió el cumplimiento del procedimiento administrativo, que en el caso de la ley de Dependencia marca 6 meses en la solicitud de reconocimiento al grado de discapacidad, “no estamos pidiendo nada” extraordinario, detrás de esos 6 meses “hay personas y familias que están perdiendo derechos y que ven que no están contempladas sus situaciones de necesidad”.
Cabrera recalcó que “esto va de humanización del sistema, no hay que obsesionarse tanto con los números, detrás de ellos están los ciudadanos y las respuestas que se están dando”.
También demandó la presencia de estos profesionales en los centros educativos, donde no solo hay problemas educativos o de orientación, sino que también familiares y personales, “en un momento en que se disparan los problemas de salud mental en infancia y adolescencia”.
Cuestionada por la nueva simplificación del procedimiento que agilizaría el reconocimiento de la dependencia, Cabrera recalcó el “desacuerdo en que se salten los principios más fundamentales que inspiran la propia ley”, y que “al prioriar la rapidez la valoración no sea tan exacta y pueda haber pérdida de derechos y servicios”.
Por su parte, la vicepresidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, Elena Suárez, alertó de “la desafección que existe con respecto a la garantía de derechos fundamentales y de atención de servicios públicos en Canarias”. Recordó que las profesionales del trabajo social “somos la primera puerta de entrada a las demandas y a los servicios que la gente necesita” y abogó por “poner en el centro a las personas”, y procurar que “su vida sea mejor y tenga una situación social más digna”.
Además de la preocupación por los casos de discapacidad y dependencia, las representantes de los Colegios de Trabajo Social canarios explicaron la situación de los menores en acogimiento familiar y lamentaron que las medidas para aumentar el número de familias de acogida de menores “no están funcionando”, ya que el plazo de acogida es de seis meses y se está prologando hasta casi un año.
Por su parte, la vocal del Colegio de Tenerife, Luisa Morales, abordó la problemática de los perceptores de la Renta Canaria de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital, las redes que deben evitar la caída de los individuos y las familias a la exclusión económica y social extrema. Denunció el “colapso en la gestión” de la Renta Canaria, con “expedientes atascados y cobros indebidos”, al no atenderse los cambios de circunstancias personales comunicados” por los perceptores y la “desproporcionada carga de trabajo” sobre los equipos de trabajadores municipales.
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