El barrio de Chacona, en el municipio de Güímar, albergará las primeras viviendas sociales promovidas por la administración pública en más de tres décadas.
El Ayuntamiento informó ayer que ha aprobado el proyecto de ejecución para la construcción de 13 viviendas protegidas en la zona de Los Pasitos, en una parcela de titularidad municipal.
La iniciativa forma parte del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 y responde a uno de los principales desafíos sociales del municipio: la falta de vivienda asequible.
El proyecto ha sido impulsado de forma conjunta por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Güímar.
El presupuesto base de licitación asciende a 2.828.544,52 euros. Las viviendas se adjudicarán en régimen de alquiler social, con rentas estimadas entre 350 y 450 euros mensuales. El plazo previsto para la ejecución es de 24 meses.
Además de la construcción de las viviendas, el proyecto contempla instalaciones eléctricas, térmicas y contra incendios, así como redes de fontanería, saneamiento y telecomunicaciones.
El edificio se organizará en forma de U, con un patio central destinado a ventilación e iluminación natural.
Tendrá cinco niveles: planta baja más cuatro alturas. La planta baja albergará aparcamientos, trasteros, cuartos de instalaciones y un local comunitario con acceso desde la plaza principal. Las plantas superiores se destinarán a las viviendas, distribuidas de forma funcional para optimizar las zonas comunes. La cubierta no será transitable.
20 viviendas adicionales
El Ayuntamiento de Güímar ha intensificado en los últimos meses sus esfuerzos en materia de vivienda pública.
En colaboración con el Cabildo de Tenerife, ha puesto en marcha un nuevo proceso de licitación para la compra de terrenos destinados a la construcción de viviendas de alquiler social.
La convocatoria contempla la adquisición de solares con un aprovechamiento mínimo de 1.500 metros cuadrados, lo que permitiría levantar aproximadamente una veintena de viviendas. El presupuesto asciende a 250.000 euros y está financiado mediante una subvención directa del Cabildo insular.
Una vez adquiridos, los terrenos serán cedidos gratuitamente al Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), organismo que asumirá la ejecución de los inmuebles. Las viviendas resultantes se destinarán al alquiler social por un periodo mínimo de 50 años.
La escasez de vivienda pública en Canarias continúa agravándose, mientras los municipios tratan de reactivar la promoción de viviendas sociales. Iniciativas como estas se producen en un contexto de fuerte presión habitacional: casi 20.900 personas están actualmente inscritas en el registro de demandantes de vivienda pública en el Archipiélago. Son 4.000 más que hace tres años, lo que supone un incremento del 23,5 %.
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