El derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada está consagrado en la Constitución vigente, cuyo artículo 47 además obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo regulando la utilización del suelo y evitando la especulación, es cada vez más una entelequia para la ciudadanía.
Entre las comunidades de todo el país donde resulta más evidente su incumplimiento destaca Canarias, como vuelve a confirmar el hecho de que en las dos provincias del Archipiélago el precio medio mensual para alquilar una vivienda ya supera los 1.000 euros, concretamente 1.083 en Santa Cruz de Tenerife y 1.128 en Las Palmas de Gran Canaria.
Son datos recogidos en un informe que se hizo público ayer y realizado por el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, cuyos expertos destacan igualmente que, en el conjunto de España, el precio medio del alquiler marcó máximos tras subir otro 4,4% en el segundo trimestre del año en curso para quedar en 1.155 euros/mes tras subir otro 4,4% en el segundo trimestre del año en curso.
Aunque desde un punto de vista cuantitativo las dos provincias isleñas quedan levemente por debajo de dicha media estatal, en realidad solo seis provincias figuran por delante de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, concretamente Barcelona (con 1.650 euros), seguida de Baleares (1.645 euros), Madrid (1.584 euros), Vizcaya (1.308 euros), Málaga (1.272 euros) y Valencia (1.132 euros). Tras ellas se encuentran, como se anticipó, las dos canarias, mientras que dos más también rebasan ese límite tan simbólico como significativo de los 1.000 euros mensuales de media: Álava (1.041 euros) y Navarra (1.026).
Para comprender mejor la gravedad de los datos canarios hay que tener en cuenta quién tiene que afrontar semejantes precios desde la perspectiva de los residentes, dado que ello muestra que el caso de los isleños es realmente el más grave de todos, habida cuenta que el salario medio en el Archipiélago está en 1.668 euros.
Si se compara dicho dato con el resto de provincias más caras, solo los salarios de Málaga se acercan a los canarios (1.751 euros de media mensual), por los 2.950 de Barcelona, 2.950 en Baleares, 2.364 en Madrid y 2.792 euros en Vizcaya, según datos del INE.
Alta demanda
Otro dato negativo que se recoge en el informe de la referida fundación radica en que ambas provincias canarias figuran entre donde mayor es la presión que la demanda ejerce sobre la oferta, y que tales expertos miden analizando el número de personas que se interesan por cada vivienda que sale al mercado en un plazo de diez días. De nuevo advierten que continúa a nivel estatal una tendencia alcista al reflejar una media de 141 contactos por vivienda en diez días, frente a los 112 del trimestre anterior. El dato más alto se da en la provincia de Barcelona, con nada menos que 437, y a continuación ya figura la de Las Palmas (141), Baleares (127), Alicante (126), Vizcaya (123) y Santa Cruz de Tenerife (114).
Resta añadir que, al menos, hay un dato positivo: la tinerfeña figura donde más esperan que aumente la oferta, al prever que las mayores subidas serán en Salamanca (+33%) y Santa Cruz de Tenerife (+6,9%).
El Icavi amplía el plazo para las ayudas contra la despoblación rural
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes del programa de ayudas para combatir la despoblación en el medio rural 2025 hasta el próximo martes. El Ejecutivo canario ha destinado cinco millones de euros para esta iniciativa, que está dirigida a los municipios canarios de menos de 20.000 habitantes.
El programa tiene como objetivo facilitar la rehabilitación de viviendas en entornos rurales con el fin de garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, reducir la demanda energética, reforzar elementos estructurales y, en definitiva, llevar a cabo las obras necesarias para el mantenimiento adecuado del parque residencial rural.
La iniciativa se articula mediante subvenciones directas a los ayuntamientos de Canarias y comprende dos líneas de actuación.
La primera contempla la rehabilitación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal, mientras que la segunda se reserva a las de titularidad privada.
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