A finales de 2025 está previsto que comience la instalación de un cable submarino de fibra óptica que conectará Canarias con Marruecos, marcando un hito en las telecomunicaciones entre Europa y África. La iniciativa está impulsada por la empresa española Islalink en colaboración con Canalink, operadora vinculada al Cabildo de Tenerife y al Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), con la meta de posicionar al Archipiélago como un nodo estratégico de datos en el Atlántico.
El trazado inicial del cable submarino contempla partir desde el puerto de Arinaga (Gran Canaria), con escala en Gran Tarajal (Fuerteventura) antes de alcanzar la costa marroquí, en un punto aún por definir, aunque las opciones más probables son Tarfaya o Bojador. La inversión global asciende a unos 49 millones de euros, de los cuales 20 millones procederán de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI). La fase previa, dedicada a estudios y diseño, ya ha recibido 7,5 millones.
El plan, que se desarrollará durante 42 meses, prevé que el cable entre en funcionamiento en 2028. Forma parte del programa europeo Connecting Europe Facility (CEF-Digital), centrado en impulsar la cohesión digital, reforzar la ciberseguridad y ampliar la capacidad de intercambio de datos intercontinental.
Entre sus beneficios, esta nueva conexión permitirá reforzar el tráfico de datos entre África Occidental y Europa, mejorar la velocidad y calidad del acceso a Internet, y atraer centros de datos e infraestructuras tecnológicas a Canarias. También servirá como ruta alternativa en caso de interrupciones en otras conexiones.
Polémica con el cable submarino
Este proyecto se integra en un plan más amplio de diversificación de rutas digitales en el Archipiélago, que incluye el Orient Island Ring, una red que enlazará Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, con potencial de extenderse hacia el continente africano.
Sin embargo, la iniciativa no está exenta de polémica. Organizaciones internacionales y el Frente Polisario alertan de que el trazado podría atravesar zonas del Sáhara Occidental, territorio que la ONU considera pendiente de «descolonización» y cuya soberanía es reclamada por el pueblo saharaui. Según advierten, ejecutar el proyecto sin su consentimiento podría vulnerar el derecho internacional. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha dictaminado que los acuerdos económicos con Marruecos no son aplicables a este territorio sin la aprobación expresa de su población.
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