El servicio de atención a víctimas de violencia de género en Canarias, en riesgo por la separación de GSC

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras y el CSIF Canarias del Cecoes 1-1-2 alertaron del grave “riesgo que corre el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género” ante la decisión del Gobierno de Canarias de separar la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC).

Advierten que esta decisión “compromete la continuidad, la seguridad y la eficacia del dispositivo”, por lo que instaron a abrir un “diálogo inmediato” para garantizar la estabilidad y la calidad del servicio.

Los comités de empresa de ambas provincias registraron el pasado 11 de agosto un preaviso de huelga que entraría en vigor el próximo lunes 25 de agosto si no se alcanzaba una solución ante la intención del Gobierno de Canarias, unas actuaciones que se han adoptado “sin diálogo ni transparencia y sin valorar su impacto”, denuncian
Recordar que la empresa pública GSC del Gobierno de Canarias, gestiona el Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad (Cecoes 1-1-2), el Servicio de Urgencias Canario (SUC), el Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) y es además la encargada -por encomienda del Instituto Canario de Igualdad (ICI)- del Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

Según lo planteado por la Administración Autonómica, el SUC y el TSNU continuarían en el GSC dependiendo de Sanidad, mientras que las Emergencias Cecoes 1-12 pasaría a Política Territorial y su empresa pública Gesplan.

Los representantes de los trabajadores advierten de que “la separación de GSC implica falta de inversión, reduciendo la capacidad de respuesta ante emergencias, introduce cambios de gestión no transparentes que afectan al equipo técnico que sostiene el servicio, provoca desorganización de protocolos y de la coordinación institucional, debilitando la protección integral”.

El comité de empresa reclama la “paralización inmediata” de los cambios que perjudiquen al servicio, abrir un “proceso de diálogo” con los comités de huelga y los representantes, garantizar la “estabilidad laboral” de las profesionales que desarrollan esta labor clave y respetar los estándares de calidad y atención integral fijados por la normativa vigente.

Recuerdan que la “atención a las mujeres víctimas de violencia no puede ser objeto de recortes ni improvisaciones”. Desvelan que desconocen quien acogerá este servicio que financia el Instituto Canario de igualdad (ICI) de la Consejería de Bienestar Social. “Cuando hemos planteado la situación de las técnicas de atención a la mujer víctima de violencia de género, que también estarían dentro de esa división de la empresa pública, nos han sido capaces de concretarnos que pasará con ellas”. En ese sentido alertan que “se hablan de vidas “en riesgo” y, por lo tanto, “de un derecho fundamental, el derecho a vivir una vida libre de violencia, enfatizan”.

Servicios abusivos

La Administración envió en la jornada de ayer al comité de empresa la relación de servicios mínimos para la huelga indefinida convocada a partir del lunes 25 de agosto. Denuncian que se ha decretado unos servicios mínimos del 100% de la plantilla disponible lo que consideran “abusivo” y estudian la manera de “impugnarlos”.

Los trabajadores involucrados en los mismos “engloban a todas las categorías profesionales”, y hasta personal de oficina que hace algún tipo de función dentro de las salas operativas, como los informáticos que suelen estar de guardia los fines de semana por si pasa algún evento, o los médicos y enfermeros del avión del avión medicalizado, que no tienen guardia el sábado y domingo, los han añadido en los servicios mínimos”.

Mientras, los servicios jurídicos están estudiando la manera de impugnar unos servicios mínimos abusivos que no les ha cogido por sorpresa, están organizando concentraciones diarias de entre 15 y 30 minutos frente a las sedes provinciales de la empresa pública GSS.

Reunión

El próximo lunes los trabajadores han sido convocados a una reunión en Presidencia del Gobierno en Las Palmas con la consejera de Sanidad, el Consejero de Política Territorial, el viceconsejero de Emergencias y Agua y el director General de Emergencias. Esta reunión se agendó después de la convocatoria de huelga indefinida, que se mantendrá hasta que esta situación no se solucione.

Se “oponen rotundamente” a esta separación, esperan que “no se vaya a materializar” y que, a partir de ahí, “se refuerce el servicio, se apueste por él y se amplíe la plantilla”. Recalcan que si GSC funciona “no hay que tocarlo sino mejorarlo con más medios técnicos y humanos”. “Llevamos más de 30 años coordinando todas las emergencias de manera ágil y global, aplicando los mismos criterios”. Entonces al separar cada servicio y su personal “en la gestión de las emergencias cada empresa una aplicará su criterio”, lo que acarreará una “peor atención” a la ciudadanía.

Achacan la situación al “enfrentamiento” entre los consejeros Esther Monzón (Sanidad) y Manuel Miranda (Política Territorial), “en el que ambos quieren tener razón y no dan su brazo a torcer”. Sin embargo, en medio de esta “lucha de egos” los “perjudicados serán tanto los más de 315 trabajadores”, como “el funcionamiento de este servicio esencial para la sociedad canaria”, finalizan.