Un estudio del Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información difundido por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información constata el “alto grado de digitalización básica” de las empresas canarias y una consolidada presencia en el comercio electrónico. La tendencia parece irreversible. Los hábitos de consumo marcan la pauta. Ante tal fenómeno, quienes se dedican a este negocio optarán por adaptarse o verlas venir. La decisión no es una cuestión baladí. ¿Cómo afrontar la competencia desleal? ¡Un asunto peliagudo!
Entre las causas del cierre de tiendas desde antes de la pandemia de la covid-19, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife menciona el impacto del comercio electrónico; fundamentalmente, debido a la franquicia fiscal a las importaciones de bajo valor: “Esta medida se ha convertido en una vía de entrada para productos que compiten en condiciones desiguales con el comercio local”. Al otro lado del mostrador abundan las quejas por la desventaja derivada de la circunstancia de que, reporta el comparador de precios Idealo, el 54% de los almacenes digitales no realizan entregas en Canarias. Y de los que sí, solo el 13% lo hacen sin recargos de envío.
A fin de analizar y buscar soluciones al desequilibrio, la Consejería de Economía y la patronal Cecapyme (pequeña y mediana empresa) diseñaron una mesa para encontrar alternativas al trato desigual que conlleva la exención del IGIC en los pedidos a distancia de hasta 150 euros. Días atrás se desarrolló la primera sesión. Estaban presentes representantes del ámbito empresarial y de las instancias administrativas implicadas. “Se escucharon propuestas y la Agencia Tributaria Canaria detalló las líneas maestras orientadas a solventar el problema”, informa el director general de Comercio y Consumo, David Mille.
Las partes han sido emplazadas a una próxima reunión para comunicarles los avances en la Dirección General de Relaciones con las instituciones de la UE y la ATC: “La exploración van encaminada a conseguir una herramienta que sea aceptada por las grandes plataformas y que permita el envío de remesas para la liquidación del IGIC en origen”.
El vicepresidente autonómico, Manuel Domínguez, ha planteado eximir también del impuesto a las tiendas de Canarias o reforzar las ayudas al transporte. El comercio electrónico facturó 3.540 millones de euros en 2023. El 75% de los productos costaban menos de esos 150 euros de referencia.
Abbas Moujir, presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), expone la versión de su colectivo en el escaparate de la opinión pública: “El producto es normalmente de una calidad inferior a la del comercio a pie de calle. Venimos reclamando unas condiciones idénticas para todo el sector. No es que nos opongamos a la digitalización. Generamos empleo (sobre los 160.000), pagamos impuestos, creamos riqueza y resulta que desde fuera disfrutan de beneficios fiscales, con un dinero que no se queda aquí”.
Alfredo Medina, secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresa de Distribución (Asodiscan), comenta que las plataformas de venta electrónica “están cada vez más presentes y cada vez causan más daño”. Al ser Canarias “el único lugar de la Unión Europea donde las compras de menos de 150 euros no pagan impuestos”, expresa, “se aprovechan y castigan” al comercio tradicional.
El buen comportamiento general no aplaca el cierre de locales
El Observatorio del Comercio de Canarias le echa un ojo a la evolución del sector, en el campo visual del Instituto Nacional de Estadística (INE). Su último informe publicado sitúa la cifra de negocios vinculada al índice minorista a precios constantes en 129,67 puntos, un aumento mensual del 9,4%. El mayor repunte de 2025. En la variación interanual avanzó un 5,2%, “un ritmo más moderado” que el de junio (7,3%), pero que deja a esta región por encima de niveles de crecimiento anotados en el conjunto de España.
El “buen comportamiento” de las ventas y del empleo no aplaca la desaparición de establecimientos. El raquítico relevo generacional en los negocios familiares, el galopante incremento de los costes estructurales derivados de la insularidad (transporte, electricidad, alquileres y salarios, entre otros) y la maraña administrativa son algunos de los motivos descritos. De ahí el empeño del Ejecutivo autonómico y de los agentes concernidos en utilizar los recursos de la Formación Profesional Dual para modernizar la actividad y atajar el paro juvenil, en “un entorno favorable”.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas