La noticia cayó con la fuerza de una tormenta en pleno otoño en el entorno empresarial y social de la isla de Tenerife: tres de los grupos mercantiles más poderosos de Gran Canaria -Domingo Alonso, Satocan y Martinón- han entrado en el capital de Canaragua, la empresa que gestiona gran parte del agua en Tenerife y en el resto del Archipiélago.
La operación, realizada a través del vehículo inversor Archipiélago Aguas, supone la adquisición del 45% del accionariado de la compañía, hasta ahora controlada casi en su totalidad por la multinacional francesa Veolia. Canaragua y sus filiales gestionan hoy este bien esencial en municipios como Arona, La Laguna, La Orotava, Tacoronte y El Sauzal, entre otros. También controlan los principales núcleos de población de La Palma, La Gomera y El Hierro. Curiosamente, la fortaleza de su negocio está en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, a la que ahora se incorpora capital grancanario con capacidad decisoria y mando en plaza.
Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, entre los objetivos del nuevo accionariado figura adquirir la concesión actual del suministro de agua en Santa Cruz de Tenerife capital.
Sobre el papel, el movimiento se presenta como una apuesta por el “arraigo local” y la “sostenibilidad”. Pero en Tenerife, donde el agua es un bien tan sensible como escaso, muchos interpretan este desembarco como algo más: una toma de posiciones económicas y estratégicas de empresarios grancanarios en un territorio históricamente receloso de perder autonomía en la gestión de sus recursos más esenciales.
Un negocio redondo
Canaragua no es una empresa cualquiera. Con más de 35 años de trayectoria, presta servicio en más de 30 municipios de las Islas y garantiza el suministro y tratamiento de agua a más de un millón y medio de personas. Su red de filiales abarca desde Canaragua Medioambiente -dedicada a jardinería y mantenimiento- hasta Canat, operadora de sistemas, además de otras participaciones estratégicas en empresas mixtas como Teidagua.
La compañía forma parte del grupo Veolia, uno de los gigantes mundiales en gestión del agua, residuos y energía, con presencia en más de 100 países. Y aunque su marca ha sido sinónimo de tecnología y eficiencia, en Tenerife siempre ha existido un debate de fondo sobre el papel de las multinacionales en servicios públicos esenciales. También hay que tener presente los escándalos y sospechas que han planeado sobre algunas licitaciones comarcales y municipales, de las que informaremos en su momento.
La entrada de capital grancanario reconfigura el mapa: un 45 % del control pasa a manos de empresarios de Las Palmas. La francesa Veolia conserva la mayoría, pero el peso del nuevo socio local no es menor. A partir de ahora, las grandes decisiones estratégicas -inversiones, tarifas, prioridades territoriales- se debatirán entre París y Las Palmas, con Tenerife mirando desde la otra orilla como convidado de piedra.
Nuevos dueños del grifo
El consorcio inversor está integrado por tres colosos empresariales con perfiles diversos, pero complementarios: Domingo Alonso Group, potencia en el sector de la automoción y la tecnología; Satocan, nacida en la construcción y hoy expandida hacia la energía, el turismo y los servicios urbanos, con casi mil empleados y operaciones en tres continentes, y Grupo Martinón, de raíz hotelera y patrimonial, con proyectos turísticos en España, México, República Dominicana y Aruba.
Juntos, los tres suman músculo financiero, poder de lobby y capacidad de influencia institucional. Su irrupción en el sector hídrico canario se interpreta como una jugada estratégica para diversificar negocios y consolidar presencia en sectores de futuro: agua, energía y sostenibilidad.
Sin embargo, en Tenerife el movimiento no ha pasado desapercibido. “Es el equivalente a entregar las llaves del grifo a intereses ajenos”, comentan en privado a DIARIO DE AVISOS desde la principal organización patronal de la provincia. “Por mucho que se diga que la mayoría la siguen ostentando los franceses, a partir de ahora es el empresariado de Gran Canaria quien toma el control local de la compañía en el Archipiélago, y es obvio que el poder se concentrará otra vez en Las Palmas”.
¿Anuencia del Gobierno?
Las distintas patronales empresariales de la provincia tinerfeña consultadas por este periódico coinciden en que una operación de este calado no se lleva a cabo sin el visto bueno del Gobierno de Canarias. Estas organizaciones, que anuncian reuniones en diferentes instancias para valorar este sorpresivo acuerdo en materia de gestión del agua en Tenerife -y también en La Palma, La Gomera y El Hierro-, expresaron su convencimiento de que esta intervención del empresariado grancanario “cuenta, a buen seguro, con la bendición del Gobierno de Canarias, e incluso del Cabildo de Tenerife”.
¿Pintan algo los empresarios de Tenerife?
En el anuncio de esta operación, realizado el viernes en Las Palmas de Gran Canaria, tanto Veolia como los nuevos socios insistieron en el discurso de la cooperación. “Juntos estamos sentando las bases de un proyecto transformador que dotará a Canaragua de la capacidad necesaria para responder a los desafíos futuros del Archipiélago”, aseguró Daniel Tugues, director de Veolia España.
El nuevo consejo de administración seguirá presidido por José Juan González, actual CEO de la compañía, quien ha sido, de facto, el gran muñidor de esta incorporación de empresarios de Gran Canaria vinculados a su entorno más próximo y que gozan de su total confianza.
Pero detrás del lenguaje corporativo queda una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto esta operación refuerza el control local y hasta qué punto diluye la toma de decisiones relacionadas con los intereses de los municipios tinerfeños gestionados por esta multinacional?
Esta información, presentada mediáticamente con portadas pactadas en tres de los cuatro periódicos que se editan en Canarias como una de las grandes noticias económico-empresariales del año, deja claro que el empresariado de Tenerife no pinta nada.
Atrás quedaron los tiempos en que varios grupos de la isla, por su relevancia y aportación al PIB del Archipiélago, eran tenidos en cuenta. Hoy, esos grupos familiares se escudan en estrategias de perfil bajo, en algunos casos; inversiones internacionales, en otros, y en procesos de jubilación y traspaso de responsabilidades a nuevas generaciones que no terminan de tomar el pulso a las claves de la economía tinerfeña.
Resulta curioso, que de la vieja guardia empresarial, solo dos grupos tinerfeños liderados por sus propietarios -que ya superan los 70 años-, son los que no se rinden en la apertura de mercados y nuevas inversiones.
El agua como poder
El agua no es solo un recurso natural: es un instrumento de poder. En Canarias, donde la escasez hídrica ha condicionado la historia, controlar su gestión equivale a influir en la economía, el urbanismo y el turismo.
Canaragua participa en proyectos clave de desalación, depuración y distribución. Sus decisiones afectan directamente a ayuntamientos, al Cabildo y a miles de agricultores, hoteles e industrias. Por eso, cada movimiento accionarial en este campo tiene una clara dimensión política.
En este contexto, la entrada de los tres grupos grancanarios genera una manifiesta inquietud. “El riesgo no es solo quién gana dinero con el agua, sino quién decide a quién llega antes y a qué precio”, apunta una fuente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores (Asaga).
Tenerife teme que, tras el lenguaje de la sostenibilidad, se imponga una lógica de mercado donde el beneficio privado prevalezca sobre la equidad territorial.
Veolia, a por 6.000 millones
La multinacional francesa Veolia, de la que depende Canaragua -a través de su división ibérica-, mantiene un ambicioso plan de crecimiento: alcanzar una facturación superior a los 6.000 millones de euros antes de 2030. Esta cifra responde a su expansión en servicios de agua y energía en el sur de Europa y Latinoamérica.
En este contexto, Canarias se convierte en un laboratorio ideal: territorio insular, limitado, con alta dependencia tecnológica y turística. Si la alianza con sus nuevos socios de Gran Canaria funciona, Veolia podría replicar el modelo en otras regiones, integrando capital local con su experiencia internacional para asegurar contratos estables a largo plazo.
Pero el riesgo para Tenerife es evidente: pasar de ser un cliente a convertirse en un experimento corporativo.
Poder, identidad y territorio
En el fondo, esta historia no va solo de agua: va de poder económico, de identidad y de territorio. Gran Canaria refuerza su músculo inversor con tres de sus grupos más influyentes; Tenerife, sede del principal y muy rentable negocio de Canaragua, observa cómo su empresa del agua se convierte en un símbolo de la creciente centralidad económica de Las Palmas.
El equilibrio empresarial en el Archipiélago siempre ha sido delicado, y en un sector tan estratégico la balanza puede inclinarse rápidamente. De ahí que en despachos profesionales y empresariales tinerfeños empiece a hablarse de la necesidad de “reequilibrar” el poder del agua.
Varias fuentes empresariales consultadas por DIARIO DE AVISOS manifestaron ayer su “estupor” por el hecho de que, ante la dimensión de esta noticia y sus consecuencias, los ayuntamientos que tienen cedida la gestión del suministro a Canaragua no hayan exteriorizado la mínima preocupación. En los mismos términos se han pronunciado sobre la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila: “Muy activa en sus redes sociales sobre temas intrascendentes, y en un asunto como este aún no ha dicho esta boca es mía”, declaró a este periódico un conocido empresario del sector turístico tinerfeño.
Las claves ocultas de todo este proceso pueden resumirse en que, si el agua une, también puede dividir. Y cuando el grifo se abre desde otra isla, la pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿de quién será realmente el agua que bebemos?
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