La Audiencia Provincial tinerfeña ha condenado a una agente inmobiliaria a 4,5 años de prisión y a devolver 134.600 euros por la apropiación indebida del dinero que la sociedad municipal de viviendas de La Laguna (Muvisa) había transferido a un vecino por la expropiación de su casa por las obras del tranvía. El hombre, con problemas de salud, llegó a tener que vivir en la calle durante un tiempo aunque luego Muvisa le pagó una pensión y finalmente le entregó otros 127.300 euros para que comprara una casa dada su situación de especial vulnerabilidad.
Según la sentencia, el 15 de septiembre de 2020, la acusada consiguió la representación de esta persona afectada por la expropiación de su vivienda en la que vivía con su madre, de la que era tutor legal. La acusada estaba autorizada para gestionar todo lo relacionado con esta ocupación, búsqueda de otra casa habitable y negociar con Muvisa, entidad encargada de pagar la expropiación, según el acuerdo fijado con el Cabildo.
Por medio de esta autorización, la acusada recibió en la cuenta bancaria de la inmobiliaria de la que era titular un total de 155.500 euros como depósito para la adquisición de la nueva casa. El dinero fue ingresado de forma paulatina en distintos conceptos, entre los años 2020 y 2023, cuando la madre ya había fallecido.
Según la sentencia, la procesada nunca adquirió la nueva casa y el hombre llegó a tener que vivir en la calle, ya que los fondos los dedicó la condenada a usos personales que no tenían nada que ver con la finalidad encomendada pese al precario estado de salud del vecino expropiado. Finalmente, otra persona se encargó de conseguirle una vivienda, pero cuando se llevó a cabo el acto de firma en la notaría la procesada no hizo acto de presencia para hacer efectivos los fondos que debía haber custodiado.
La excusa que ofreció es que no podía extender los cheques debido a que había sufrido diversos embargos de Hacienda, cuando en realidad este concepto apenas había ascendido a 171 euros.
Muvisa llevó a cabo varios requerimientos por distintas vías que eran, según la sentencia, respondidos con excusas y dilaciones, alegando que estaba negociando préstamos para devolver lo apropiado.
La empresa pública realojó al hombre de forma temporal, primero pagando un alquiler y luego una pensión, al ser calificado su estado como propio de una persona “de calle o sin hogar” hasta que finalmente Muvisa aportó otros 127.300 euros en julio de 2023 y reclamó los 134.600 euros.
“Daba excusas”
Durante el juicio la procesada aseguró que había buscado una primera vivienda, pero que cuando le iban a otorgar la escritura, el expropiado sufrió una indisposición, perdiéndose el depósito y que también se frustró la compra de una segunda de manera que cuando intentó hacer lo propio con la tercera ya se había gastado el dinero.
A partir de entonces la procesada “divagaba y daba excusas” cuando se le requería que aportara el dinero y la entidad financiera confirma a la policía que no puede hacerlo porque la cuenta carece de fondos.
La trabajadora social dijo que llegó a hacerle hasta una veintena de llamadas que no contestaba, hasta que por whatsapp le comunicó que está en La Laguna con un amigo que era trabajador de un banco y “de forma poco apropiada” le dijo que estaba embargada y que no pensaba ir a la cárcel.
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