El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anunció ayer que ha solicitado al Gobierno autonómico que adopte “con carácter prioritario y urgente” medidas de cifrado de extremo a extremo que garanticen la protección de los datos contenidos en los atestados policiales que se envían por vía telemática a los órganos judiciales, especialmente cuando estos se refieren a procedimientos sometidos a secreto sumarial, a material audiovisual relativo a menores de edad, a víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual o a testigos protegidos.
A su vez, y tras ser consultados por este periódico al respecto, la Consejería de Justicia del Ejecutivo canario ha replicado que “solicitará de manera urgente” al Ministerio que implante el “cifrado de extremo a extremo” de los atestados.
De la gravedad del caso da buena cuenta que en el acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJC fechado el pasado día 17 se considera “especialmente crítica” la “carencia de medios técnicos” para la transmisión cifrada en procedimientos sometidos a secreto sumarial, atestados con material audiovisual relativo a menores de edad víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, pruebas preconstituidas con grabación de menores o personas vulnerables o, documentación que contenga datos relativos a víctimas de violencia de género o personas acogidas en programas de protección.
Así, el órgano de gobierno de los jueces canarios acordó solicitar a la titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia que “en el plazo de dos meses” informe sobre “las actuaciones proyectadas, calendario de ejecución y recursos presupuestarios destinados a tal fin”, además de que ha puesto en conocimiento al Consejo General del Poder Judicial “para en su caso”, la adopción de medidas conforme a la Ley sobre Protección de Datos.
Desde dicha dirección general se responde que “se suma a la preocupación por la limitación técnica para proteger los ficheros, pero explica que la misma deriva exclusivamente de la falta de adaptación tecnológica de la plataforma estatal LexNET dependiente del Ministerio de Justicia y única vía habilitada legalmente para la presentación telemática de atestados y diligencias ampliatorias en Canarias”, y sostiene que “Canarias cuenta con los medios tecnológicos necesarios para recibir documentación cifrada, una vez LexNET esté preparado y habilitado por el Ministerio, al ser este el competente en el desarrollo de la plataforma”.







