NC-BC califica de “ficticios” los presupuestos canarios para 2026

Nueva Canarias-Bloque Canarista califica de “ficticios y engañosos” los presupuestos aprobados el miércoles por el Consejo de Gobierno. El portavoz del grupo parlamentario, Luis Campos, y la de Políticas Presupuestarias, Esther González, avisan de que el proyecto de ley está “lleno de maquillaje” contable y que castiga a la vivienda, las universidades, al sector primario y la inversión pública.

De un primer análisis de la información publicada por los medios y a la espera de que, el día 30, llegue al Parlamento, Campos y González observan que esas cuentas para 2026 están “infladas”. Recalcan que la principal ley del Ejecutivo regional se sustenta en los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que “CC y el PP han demostrado sobradamente que son incapaces de ejecutar”. 

Esther González recuerda que, en 2024, se anunció un aumento de 1.121 millones de euros, pero que la liquidación final evidenció que “dejaron sin gastar” una cifra superior.
Para 2026, añade la diputada, “vuelven a inflar” las cuentas con 498 millones de euros procedentes de los MRR que deben justificarse antes de finales del próximo agosto y que la propia consejera de Hacienda, Matilde Asián, “ha reconocido que no van a poder ejecutar”.

Si el presupuesto sobre el gasto no financiero para 2026 presentado por el Ejecutivo es de 12.491,4 millones de euros, que suponen 813,2 millones de euros en relación a 2025, y se quitan los 498 euros del MRR, arguye NC-BC, “se quedan en 11.993,4 millones de euros”. Por lo tanto, concluye, “las cuentas sin MRR solo aumentan en 315,2 millones de euros”.

Luis Campos critica que, por tercer año consecutivo, se incumpla la Ley Canaria de Educación, que exige una inversión del 5% del producto interior bruto. Esther González traslada la denuncia a los 3,9 millones de euros de aumento destinado a una de las consejerías clave, la de Universidades, Ciencia e innovación y Cultura, “un castigo reiterado que se extiende al ámbito de la vivienda”. A su juicio, “una subida de 25 millones de euros ante el agravamiento de la crisis habitacional, los más de 35.000 demandantes de vivienda registrados y el encarecimiento del alquiler y de la compra durante los últimos años es una burla”.