Los centros de menores de Canarias han registrado un total de 24 agresiones en lo que va de año, un 66,3% menos que el año pasado cuando se llegó 66 mientras que su peso relativo en los incidentes también baja al pasar de un 44,9% a un 31,7%.
Estos datos han sido expuestos este viernes por la directora gerente de la Fundación Canaria de Juventud IDEO, María Candelaria Márquez, en la comisión de Bienestar Social del Parlamento de Canarias, en la que ha detallado que el centro de La Montañeta (Gran Canaria) registró 92 accidentes laborales en el periodo 2024-2025, de los cuales 44 fueron agresiones, y Valle Tabares (Tenerife), 111, 41 de ellos agresiones.
“Los centros de internamiento que gestiona IDEO no son espacios perfectos ni libres de conflictos. Sería ingenio decirlo porque trabajamos con jóvenes que han cometido delitos y que arrastran historias de violencia, de abandono, adicciones y problemas de salud mental, pero tampoco son espacios abandonados a la suerte ni fuera de control”, ha detallado.
Ha apuntado que el trabajo “no es fácil ni inocuo” pero el personal no está “ni desprotegido ni abandonado a su suerte”.
De hecho ha indicado que no hay una “espiral incontrolada” sino un escenario donde los protocolos “funcionan mejor” y los incidentes graves “han bajado y no es por arte de magia, es por formación específica, por un uso más ajustado de los recursos de seguridad, por mejorar los planes de autoprotección”.
Márquez ha avalado que se trabaja en la “dirección correcta” y ahora se trata de seguir profundizando en las ratios, en la formación, en contención verbal y gestión de crisis, en el apoyo psicológico al personal después de una agresión y en la detección temprana de los chicos que por sus perfiles clínicos requieren una intervención diferenciada.
Ha comentado también que en los últimos tres años no hay “sobreocupación” en los centros pues La Montañeta tiene 69 menores y jóvenes y Valle Tabares 89, con lo que no se llega al 100% de la capacidad. “Son tasas de ocupación ajustadas a su capacidad, que permiten trabajar con ratios razonables y evitar situaciones de hacinamiento”, ha explicado.
PERFIL: VARONES DE ENTRE 16 Y 21 AÑOS
La directora ha comentado que el perfil habitual de los usuarios son jóvenes de entre 16 y 21 años, y la mayoría varones, y ha vuelto a insistir en que no hay “macrocentros incontrolados” en las islas sino “dispositivos que cada año atienden a varios centenares de personas en conflicto con la ley bajo la supervisión continua de los juzgados de menores”.
En los centros, ha apuntado, se ejecutan medidas “muy diversas” como internamientos en régimen cerrado, semiabierto, abierto, internamientos terapéuticos en los distintos regímenes o medidas de permanencia de fin de semana.
Ha comentado que cada joven tiene un proyecto individual sobre el que trabaja una plantilla de más de 300 trabajadores como juristas, psicólogos, trabajadores sociales, tutores, educadores, maestros o personal de gestión, y 70 vigilantes en cada centro.
La directora no ha ocultado que se trata de un “trabajo de riesgo” por lo que hay un servicio de asistencia psicológica a disposición del personal de la Fundación en caso de sufrir una agresión –en 2025 se han registrado seis peticiones en Valle Tabares y cuatro en La Montañeta–.
En ese sentido ha admitido la “reivindicación legítima” de los trabajadores sobre el reconocimiento de la figura de autoridad pero entiende que implica una reforma del Código Penal y excede de las competencias.
Asimismo ha avanzado que la Fundación está elaborando un instrumento de planificación estratégica para incorporar nuevas figuras a las plantillas de los centros, como monitores y monitoras auxiliares, que permitan “liberar” a educadores y monitores de parte de las tareas de convivencia, lo mismo que mediadores y mediadoras interculturales para trabajar de forma adecuada con todos los perfiles.
Márquez se ha comprometido a “seguir informando con transparencia y rigor”, remarcando que los centros “no son ni cárcel ni residencias blandas de ocio”, con una vida cotidiana “muy reglada, donde hay horarios, normas y sanciones cuando se incumplen”.
“Yo no tengo ningún interés en tapar problemas. Al contrario, cuando se detecta una mala praxis, se actúa. Cuando hay un incidente grave, se documenta. Cuando un trabajador, trabajadora, formula una queja, se tramita y se analiza”, ha resumido.
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