La organización Derecho al Techo ha denunciado el nuevo proyecto de decreto aprobado por el Gobierno de Canarias que endurece los requisitos de acceso a la vivienda pública en función de los años de residencia en el Archipiélago.
Según el colectivo, la norma condiciona el acceso a una vivienda pública a 10 años de residencia continuada o 15 de forma discontinua, una medida que considera excluyente y que, a su juicio, presenta rasgos de aporofobia y xenofobia institucional.
Entre ellas, señala la especulación inmobiliaria, la turistificación, la acumulación de viviendas en manos de fondos y grandes propietarios, y la falta histórica de un parque público suficiente.
Derecho al Techo sostiene que el decreto introduce criterios excluyentes que afectan a personas con menos recursos y menor capacidad de defensa, al tiempo que plantea interrogantes sobre su impacto en determinados colectivos.
En este sentido, cuestiona qué ocurre con trabajadoras y trabajadores canarios que se vieron obligados a emigrar por falta de oportunidades y que, al regresar, no cumplen los años de residencia exigidos.
También plantea dudas sobre la situación de estudiantes que salieron a formarse fuera del Archipiélago y regresan sin alcanzar el periodo requerido.
La organización considera que la medida establece una diferenciación de derechos basada en el tiempo de permanencia y no en la necesidad social o económica, y advierte de que el acceso a la vivienda pública queda vinculado al arraigo administrativo.
Asimismo, apunta que el decreto se presenta como una respuesta a la emergencia habitacional en un contexto en el que Canarias carece de un parque público de vivienda suficiente.
En este marco, Derecho al Techo rechaza que la emergencia habitacional se utilice para introducir criterios de acceso basados en la residencia y reclama una ampliación urgente del parque público de vivienda.
Entre sus demandas, incluye políticas dirigidas a la vivienda vacía, la especulación inmobiliaria y el uso turístico de inmuebles, así como criterios de acceso basados en la necesidad social y económica.






