Un técnico del Ayuntamiento de Arona ha puesto en conocimiento del área de Recursos Humanos un incidente ocurrido en dependencias municipales, después de que, según su versión, los concejales del PSOE Raquel García y Frank Tolle accedieran a su despacho y mantuvieran una conversación que el funcionario describe en su escrito como intimidatoria durante el ejercicio de sus funciones profesionales.
Según el relato del empleado municipal, los ediles accedieron a una dependencia técnica sin autorización previa y alegando un motivo que posteriormente se constató como no cierto, fuera de los cauces formales previstos para el acceso a la información por parte de los miembros de la corporación.
Según su testimonio, una vez en el despacho, los concejales realizaron una serie de preguntas en un tono que el técnico califica como amenazante, “llegando a insinuar literalmente que determinados expedientes acabarían en los juzgados”, sin aportar fundamento jurídico ni señalar irregularidad concreta alguna.
El funcionario deja constancia expresa de que todos los informes emitidos por el servicio se ajustan estrictamente a la legalidad vigente y al criterio técnico aplicable, interpretando dichas manifestaciones como un intento de generar presión indebida en el desempeño de su labor.
El derecho de información de los concejales está regulado por la legislación de régimen local y debe ejercerse a través de los procedimientos formales establecidos, mediante solicitudes escritas y motivadas, sin interferir en el funcionamiento ordinario de los servicios administrativos.
Escrito a Recursos Humanos
Ha sido el propio técnico municipal el que ha presentado oficialmente el escrito denunciando el acoso sentido por parte de los referidos ediles.
Como consecuencia de este episodio, según fuentes internas consultadas por este periódico, y con el objetivo de evitar situaciones similares, la alcaldesa ha emitido una circular dirigida a todo el personal, recordando la normativa vigente sobre el acceso a la información por parte de los miembros de la corporación y los cauces formales que deben respetarse para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios y la protección del personal técnico.
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