Los órganos judiciales de Canarias registraron en el tercer trimestre de 2025 un total de 92.107 asuntos en los cuatro órdenes jurisdiccionales –civil, penal, contencioso-administrativo y social-, lo que supone un descenso del 15,6% respecto al mismo periodo del año anterior.
Pese a esta bajada, el Archipiélago sigue siendo la comunidad autónoma con mayor litigiosidad de España, con 41,14 pleitos por cada 1.000 habitantes, casi diez puntos por encima de la media estatal (31,25) y muy por delante de Baleares, segunda en el listado, con 35,28.
Según los datos difundidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Canarias encadena así varios años consecutivos liderando la carga litigiosa del país, tendencia que se mantiene incluso en un contexto de descenso generalizado de los asuntos ingresados.
Al cierre del trimestre, los juzgados isleños acumulaban 264.099 procedimientos pendientes de resolución, un 10,5% más que en el tercer trimestre de 2024, mientras que se resolvieron 95.463 litigios, un 3% menos que un año antes.
Por órdenes jurisdiccionales, el ámbito civil registró entre julio y septiembre 32.503 asuntos nuevos, el 32,3% menos en comparación interanual. En ese mismo periodo, se resolvieron 40.429 procedimientos y quedaron pendientes 167.842, lo que supone un incremento de la pendencia del 9,8%.
En el orden penal, se incoaron 49.358 asuntos, el 1,2% más que en 2024; se resolvieron 46.516, el 1,8% menos, y permanecieron en trámite de resolución 53.013 casos, el 9,9% más que en el mismo periodo de 2024.
La jurisdicción contencioso-administrativa abrió 2.241 procedimientos, el 53,1% menos, resolvió 2.882 -el 22,8% más- y acumuló 17.376 asuntos pendientes, con un aumento del 21%.
Por su parte, en el orden social se registraron 8.005 procesos nuevos, el 5,5% más, se resolvieron 5.636 y quedaron en trámite 25.868 procedimientos, el 9,9% más que el año anterior.
Durante el trimestre analizado, los órganos judiciales de Canarias dictaron 21.913 sentencias, además de 54.633 autos y 20.670 decretos.
Asimismo, se registraron 15.616 ejecuciones de sentencias y se resolvieron 18.598, quedando en trámite 173.618 ejecuciones a final del periodo.
La tasa de resolución se situó en 1,04, ligeramente por encima de la media nacional, mientras que la tasa de pendencia fue del 2,77, una de las más bajas del Estado. La tasa de congestión alcanzó el 3,76, también por debajo del promedio estatal.
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