El sindicato Jupol denuncia este martes una “situación crítica y de alto riesgo” en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ante el “desmantelamiento progresivo” de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana (BPSC) que constituye la “primera línea” de respuesta policial ante cualquier emergencia.
Así, apunta en una nota que la provincia afronta estas fechas navideñas “con menos policías en la calle, menor capacidad de reacción y una evidente pérdida de presencia policial, todo ello bajo un nivel 4 de Alerta Antiterrorista “que exige precisamente lo contrario: máxima visibilidad, prevención y control del territorio”.
Desde hace meses, Jupol viene advirtiendo formalmente en las reuniones trimestrales con la Jefatura de Policía del desmantelamiento progresivo de la Brigada de Seguridad Ciudadana y lejos de reforzarla, la actual Jefatura Provincial ha convertido a sus agentes en un “recurso comodín”, utilizándolos para cubrir carencias estructurales de otras unidades, dejando a la ciudadanía sin la protección policial necesaria.
“Esta situación se agrava por un hecho especialmente grave, el catálogo de puestos de trabajo de la provincia no se actualiza desde 2008, lo que evidencia una absoluta desconexión entre la realidad operativa actual y la planificación de recursos humanos, generando desorganización, sobrecarga laboral y una pérdida continua de eficacia”, señala.
Además, insiste en que la situación “ha alcanzado un punto límite” tras el oficio emitido el pasado 18 de diciembre mediante el cual el Comisario Provincial accidental ordena la reasignación forzosa de un número significativo de agentes de Seguridad Ciudadana para garantizar la apertura de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Jupol ha indicado que esta apertura constituye la “prioridad” del comisario, según él mismo ha reconocido, anteponiéndola a la seguridad de los ciudadanos, incluso en unas fechas tan sensibles como la Navidad y en un contexto de amenaza terrorista elevada.
Para el sindicato, “esta decisión es irresponsable, carente de previsión y operativamente inaceptable”.
En ese sentido subraya que esta reasignación “vulnera de forma clara” la Circular de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, que establece que los Grupos de Atención al Ciudadano (GAC) “deben estar correctamente dimensionados y no pueden destinarse a funciones ajenas a su cometido principal, salvo circunstancias excepcionales que en este caso no concurren”.
Como consecuencia directa, señala Jupol, las radiopatrullas están asumiendo funciones que no les corresponden, como la cobertura de riesgos extremos y altos en casos de violencia de género, una labor que debe recaer exclusivamente en la UFAM, unidad especializada y con formación específica.
“Esta situación no solo compromete la atención a las víctimas, sino que pone en riesgo tanto a los agentes como a las personas protegidas”, remarca.
MÁS RIESGO PARA CIUDADANOS Y AGENTES
El sindicato reconoce que las decisiones adoptadas por la Jefatura Provincial tienen “efectos directos y peligrosos” como “más inseguridad para la ciudadanía, con aumento de los tiempos de respuesta ante robos, agresiones o emergencias, y pérdida del efecto disuasorio de la presencia policial”.
Igualmente supone un “mayor riesgo” para los agentes, obligados a patrullar con plantillas mínimas, sin apoyos suficientes y asumiendo funciones para las que no están destinados, vulnerando el Real Decreto 2/2006 de prevención de riesgos laborales y el debilitamiento de la prevención antiterrorista, al reducir la presencia de la primera línea policial en vía pública en un nivel de alerta 4, “con consecuencias imprevisibles”.
Por ello, Jupol exige la “paralización inmediata” de la reasignación de agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana al CIE, el refuerzo “urgente y prioritario” de la BPSC con los efectivos necesarios para garantizar una seguridad real y eficaz en la provincia y la “actualización inmediata” del catálogo de puestos de trabajo, adaptándolo a las necesidades reales de Santa Cruz de Tenerife.
Del mismo modo, solicita la intervención de la Dirección General de la Policía y del Ministerio del Interior “y la depuración de responsabilidades por una gestión que está comprometiendo gravemente la seguridad pública”.
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