Tarde, pero parece que comienza a ver la luz. Casi un año después de que caducara la última prórroga del convenio de Dependencia -venció a finales del pasado año 2024-, el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife aprobó ayer, miércoles, el nuevo acuerdo con el Gobierno de Canarias para la atención a personas que requieren apoyo por edad, discapacidad o enfermedad.
Se trata de un nuevo marco jurídico y financiero que, según la institución, permitirá que las plazas de servicios sociosanitarios crezcan hasta 569. Estas plazas y el nuevo marco, eso sí, aún esperan la firma del Gobierno de Canarias para poder comenzar su puesta en marcha.
Según la corporación insular, este nuevo plan supone una evolución significativa respecto a los acuerdos anteriores, con una inversión de 692 millones de euros hasta 2028, de los cuales el Cabildo aportará el 29%, es decir, 202 millones de euros, con efectos retroactivos desde 2025 una vez se formalice la firma.
Aumento del precio por plaza
“Se trata del acuerdo más importante del mandato en materia social y permitirá la estabilidad del sistema de Dependencia en Tenerife hasta 2028”, destaca la consejera insular de Acción Social, Águeda Fumero (PP). Fumero señala que el acuerdo contempla un incremento progresivo del precio por plaza entre 2025 y 2028. Por ejemplo, en la atención residencial a personas mayores de alto requerimiento, el coste pasará de 86 euros/plaza en 2024 a 106,39 euros/plaza en 2028, con un aumento inmediato en 2025 hasta 94,06 euros.
Ante la aprobación del Consejo de Gobierno, la presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, destacó “el compromiso de este Cabildo y del Gobierno de Canarias con las personas dependientes”, así como “el esfuerzo de los equipos, que han trabajado intensamente para actualizar este convenio”.
Unas palabras que contrastan con la postura que la oposición ha mantenido en los últimos meses. El retraso de casi un año en la firma de este acuerdo ha sido duramente criticado por el PSOE, que, en junio ya alertaba de que las entidades sociales que gestionan los servicios -residencias, centros de día, etc.- estaban al borde de la “asfixia económica”, ya que el Cabildo, al no contar con un convenio vigente, no podía efectuar los pagos con normalidad, acumulando facturas pendientes. Cabe destacar que estos últimos años, los datos han puesto a Canarias a la cola de España, siendo la segunda comunidad autónoma con peor aplicación de la ley de dependencia.
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