El problema de las aguas residuales es, en la actualidad, uno de los mayores retos medioambientales, sociales y sanitarios de Canarias. Desde hace años, la UE ha alertado a España sobre su gestión inadecuada en diversos puntos del país, especialmente en las Islas.
Ayer, la justicia europea dictó sentencia, sosteniendo que, en distintas aglomeraciones urbanas (doce de 29 de ellas situadas en Tenerife), el país no cumple con sus obligaciones respecto a varios artículos de la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas.
Tras un primer aviso en 2021, el Ejecutivo europeo llevó el caso, en 2023, ante el Tribunal de Justicia de la UE, al constatar que 29 localidades no cumplían con los requisitos exigidos, pese a que se había registrado cierto progreso. El fallo publicado ayer no contempla sanciones económicas, pero, al condenar a un Estado miembro, la Comisión Europea puede imponer multas si no se corrige la situación.
Ante la publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre saneamiento y depuración, que apunta especialmente a Tenerife, el Cabildo, a pesar de tener la competencia de la planificación hidrológica a través del Consejo Insular de Aguas (Ciatf), afirma que “no es ni el competente ni el causante del problema”. Según sus declaraciones, “Tenerife concentra muchas aglomeraciones que crecieron durante décadas sin infraestructuras suficientes”, lo que considera el origen de esta situación.
Además, desde la Institución insular aclaran que el fallo no evalúa la situación actual, sino el estado del saneamiento y la depuración en el año 2020, fundamentándose en datos cerrados al 13 de abril de ese ejercicio. “Hay que destacar que, actualmente, nunca se había invertido tanto en saneamiento y depuración en la Isla. La mayoría de las infraestructuras necesarias están terminadas, en ejecución o cuentan con financiación asegurada”, expone el gobierno de la Isla, subrayando que el Cabildo es el que “lidera la solución”.
Zonas afectadas
El Tribunal de Justicia de la UE determinó ayer que España infringió el artículo 3, al no garantizar sistemas colectores de aguas residuales urbanas en las aglomeraciones de: Acorán, Adeje-Arona, Añaza, Candelaria-Casco, Candelaria-Punta Larga, Golf del Sur, Guía de Isora Litoral, La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), Puerto de Santiago-Playa la Arena, San Isidro-Litoral, Sueño Azul y Valle de la Orotava.
Asimismo, se constató un incumplimiento del artículo 4, apartados 1 y 3, al no haber adoptado las medidas necesarias para que las aguas residuales que entran en los colectores reciban tratamiento secundario o un proceso equivalente en las mismas aglomeraciones, además de otros puntos del país.
Asimismo, el Tribunal indicó que España también vulneró el artículo 15, en relación con el anexo I, sección D, al no controlar los vertidos de aguas residuales para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo I, sección B, siguiendo los procedimientos del mismo anexo.
Las aglomeraciones afectadas por este artículo incluyen: Acantilado de los Gigantes, Adeje-Arona, Candelaria-Casco, Candelaria-Punta Larga, Golf del Sur, Guía de Isora Litoral, La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles, Puerto de Santiago-Playa la Arena, Sueño Azul y Valle de la Orotava.
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