Las administraciones estatal y canaria han acordado este jueves abrir un proceso de diálogo y análisis que tenga en cuenta las particularidades de cada provincia y conduzca, en 3 o 4 meses, a la asunción por parte de la Policía Canaria de la asistencia a menores con medidas judiciales.
Este es el nuevo acuerdo “cordial” al que han llegado las partes después de que el Gobierno canario expresara esta semana la imposibilidad de asumir esta competencia, que le corresponde, desde el 1 de febrero, como le había instado la Delegación del Gobierno.
Esta era, hasta la reunión de ayer, la fecha límite que el Estado había puesto a la Consejería regional de Presidencia y Seguridad para asumir esta responsabilidad respecto de los menores con medidas judiciales que tutela la comunidad autónoma, dado el tiempo transcurrido desde marzo de 2024, cuando el departamento que dirige Nieves Lady Barreto pidió más tiempo para poder incorporar más efectivos y hacerse cargo de sus traslados.
Pestana ha destacado este viernes en declaraciones a los periodistas que su escrito parece haber activado el compromiso adquirido por el Gobierno canario hace dos años, al tiempo que ha mostrado plena confianza en la palabra dada por la consejera, quien ha asegurado “que no va a dilatar este proceso”, ha dicho.
El delegado del Gobierno ha recalcado que la asunción de estas responsabilidades autonómicas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado está suponiendo “detraer de las calles patrullas”.
Por ello, ha celebrado que se haya acordado buscar el entendimiento a través de dos grupos de trabajo, de carácter provincial, para que en 3 o 4 meses esta labor la haga exclusivamente la Policía Canaria.
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