Las cifras no dejan lugar a dudas: en las Islas faltan plazas residenciales… y muchas. Con 9.935 unidades de atención para mayores, el Archipiélago presenta un déficit de 10.607, por lo que resulta necesario duplicar la oferta actual para alcanzar el ratio necesario de cinco plazas por cada cien personas mayores de 65 años, según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales (Aedgss).
En comparación con el resto de comunidades autónomas, Canarias se sitúa como segunda con menos plazas de financiación pública. En 2024, se contabilizaron 1,64 por cada cien habitantes, frente a una media nacional de 2,88, en el contexto de una tendencia a la baja de la inversión pública desde 2022.
De esta manera, Canarias se coloca como la sexta comunidad con más déficit de recursos, lejos de otras regiones, como Castilla y León, que cuenta con un superávit de 16.712 plazas.
Estos datos resultan aún más alarmantes si se analizan en el marco del envejecimiento poblacional que experimenta Canarias. Entre los años 2000 y 2022, la población de 65 años o más creció el 86,5% en la comunidad, más del doble que la media española. Además, según datos del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas, para el año 2039 la población potencialmente dependiente aumentará el 22,2% respecto a 2024. Una sociedad que envejece y pocas plazas dejan así unas residencias cada vez más saturadas. La tasa media de ocupación en el Archipiélago alcanza el 99,99%, solo por detrás de Extremadura, donde la ocupación logra el 100%.
Todos estos datos se suman a una situación preocupante a escala nacional. La Aedgss calcula que el déficit estatal de plazas residenciales se situó en 2024 en 96.916 y advierte de que “serían necesarias no menos de 50.000 residenciales para personas con dependencia Severa (grado II) o gran dependencia (nivel III)”.
Desde el Gobierno de Canarias, sin embargo, afirman que existe “una confusión” respecto a la recomendación de cinco plazas residenciales por cada cien personas mayores de 65 años.
“Esta cifra ha circulado como una referencia sectorial, pero no se trata de un estándar establecido por la Organización Mundial de la Salud”, señala Concepción Ramírez, directora general de Dependencia del Ejecutivo autonómico.
Nuevo modelo de cuidados
Además, Ramírez explica que el Gobierno trabaja en un “nuevo modelo de cuidados alineado con la estrategia de desinstitucionalización y con el objetivo de que las personas puedan permanecer en sus hogares y en su entorno con los apoyos necesarios”. Indica que, paralelamente, se está trabajando en incrementar la red de centros de día.
Este nuevo paradigma responde a directrices europeas y estatales que, de lograrse, “reduciría la necesidad de plazas residenciales: un objetivo que se complementaría con la humanización de los centros mediante un nuevo modelo residencial”, declara la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Aunque, según denuncia la entidad, “no se han dado pasos en esta estrategia”.
La inversión es escasa, “impidiendo avanzar en la desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en perjuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes, de manera abrumadora, proporcionan estos cuidados: las mujeres”.
El Ejecutivo canario quiere promover la asistencia en los domicilios
El nuevo convenio de Dependencia firmado entre la comunidad autónoma y los distintos cabildos traslada el servicio de teleasistencia a la gestión del Gobierno de Canarias. Según el Ejecutivo, esto supone una mayor apuesta por el cuidado a domicilio, ofreciendo “servicio especializado y moderno a unos 20.000 hogares e incrementando por cinco el número actual de personas atendidas”.
Con fondos de la UE, se destinarán 22,7 millones de euros a inversión en equipos, más siete millones para la gestión del servicio. Entre las mejoras, se destaca la introducción de dispositivos de monitoreo que permiten seguimiento continuo y localización GPS, así como alertas automáticas ante situaciones de riesgo, brindando “tranquilidad para familiares y cuidadores y mayor autonomía para las personas dependientes al garantizar asistencia inmediata en caso de emergencia”.
Una inversión que, según el Ejecutivo, “favorece la permanencia de las personas dependientes en su entorno y reduce la necesidad de plazas residenciales, al ofrecer una atención que evite su internamiento”.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas