Es de sentido común deducir que los problemas relacionados con la salud mental se multiplican y agravan cuanto mayor es la precariedad social, pero el informe presentado ayer en rueda de prensa celebrada en el Parlamento de Canarias sobre el tema no deja lugar a dudas al señalar precisamente al modelo económico de las Islas como un factor decisivo a la hora de comprender por qué en el Archipiélago este asunto se ha convertido en una “emergencia invisible”.
Así lo calificaron los portavoces de los colectivos sanitarios que han participado en dicho informe, presentado por el presidente de la Asociación Defensa Sanidad Pública Canaria, Guillermo de la Barreda, y donde se apunta a los bajos salarios, las altas tasas de pobreza y la “peor” crisis habitacional de España como circunstancias que abonan tanto un mayor número de casos como que sean más los trastornos comunes que acaban derivando en patologías graves.
A juicio del profesor titular de Psiquiatría de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco Rodríguez, la sociedad canaria “está al límite” debido a la “incertidumbre” socioeconómica, con un “futuro muy difuminado”, especialmente para los jóvenes.
“Vulnerabilidad”
Recordó este experto ayer en el Parlamento que a los canarios se les “desocupa” de sus propios barrios, como ocurre en Guanarteme (Las Palmas de Gran Canaria), lo que aumenta la “vulnerabilidad” de la población, a la par que recalcó que el aumento demográfico -94.000 personas en los últimos cinco años- no ha ido en paralelo a la mejora de los servicios públicos.
Aunque Rodríguez lamentó que no hay “datos fiables ni actualizados” para medir el impacto de la salud mental en las Islas, en el informe se recoge que en los últimos cinco años se ha registrado en Canarias un incremento de entre el 25% y el 30% en la demanda asistencial, con especial incidencia en cuadros de ansiedad y depresión, como se detalló en una rueda de prensa en la que también ha participado Cati Darias, coordinadora de la Federación de Salud de Intersindical Canaria.
Cronicidad superior
Además, el trabajo aporta datos que reflejan que, mientras en otras comunidades los episodios de ansiedad suelen ser reactivos y temporales, en Canarias se observa una cronicidad superior, atribuida a la falta de intervención psicoterapéutica temprana en la red pública.
Según esta investigación, en contextos de alto desempleo estructural y baja renta per cápita, la probabilidad de que un trastorno común derive en una patología grave se multiplica por tres, convirtiendo la salud mental en un problema de salud pública estrechamente vinculado a la realidad socioeconómica del Archipiélago.
Para Darias, el “monocultivo turístico” en las Islas “solo deja explotación” y el “sufrimiento” de la población, con servicios sanitarios y sociosanitarios “deficitarios” porque faltan recursos humanos y personal especializado.
Por su parte, De la Barreda insistió en que hay un problema de “salud mental existencial” en Canarias dado que los salarios bajos y la grave falta de vivienda “repercuten” en la vida de las personas.
En cuanto al suicidio, Canarias registra entre 8,5 y 9 muertes por cada 100.000 habitantes, cifras que superan sistemáticamente la media nacional de 8,1.
Solo se invierte la mitad del presupuesto recomendado por la OMS
El informe presentado ayer por la Asociación Defensa Sanidad Pública Canaria en el Parlamento autonómico sobre salud mental en las Islas recoge que, en materia de recursos, Canarias destina apenas el 5% del presupuesto sanitario total a salud mental, frente al 10% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, persiste un déficit de profesionales: las ratios por cada 100.000 habitantes son de 8,2 psiquiatras (40 % por debajo del estándar UE/OMS), 6,1 psicólogos clínicos (66 % de déficit), 5,4 enfermeras especialistas (70 % de déficit) y 2,8 trabajadores sociales (72 % de déficit).
Según se resalta en el documento, la saturación de las unidades de Salud Mental (USM) en Canarias es notable, especialmente en las Islas orientales, con alta dependencia de derivaciones interinsulares, lo que limita el seguimiento de los pacientes. Ello se debe a que la distribución de plazas sociosanitarias concentra el 80% de los recursos en Gran Canaria y Tenerife, mientras que Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro disponen de recursos limitados o simbólicos.
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