Las personas en situación de calle y de exclusión residencial extrema se enfrentan una grave crisis de salud mental, agravada por las condiciones inhumanas de la dura vida en la calle.
Con frecuencia carecen de diagnóstico, tratamiento o continuidad en los mismos. La exposición constante a la violencia, la inseguridad, el aislamiento social y el estigma dificulta su acceso a los servicios sanitarios, junto a las trabas que se encuentran desde las administraciones. Ante este sufrimiento es urgente la coordinación entre administraciones y organizaciones de tercer sector que trabajan con ellos e incorporar protocolos sistemáticos de detección e intervención psicológica en todos los dispositivos de atención, ya que ningún proceso de inclusión será efectivo sin abordar este sufrimiento invisible.
El informe de Cáritas Diocesana de Tenerife constata que 2.838 personas en la Isla están en exclusión residencial extrema y alta vulnerabilidad, un 23% más respecto al año 2023 y la cifra más alta desde el primer estudio de 2020.
Los motivos desencadenantes de esta tendencia está impulsada por la grave crisis en el acceso a la vivienda, la influencia de la gestión turística y migratoria y las deficiencias estructurales del sistema de protección. Mientras el informe de 2020, el acceso a la vivienda ocupaba el quinto lugar por detrás de los problemas económicos (desempleo, trabajo precario, endeudamiento, nulo ahorro o sin ayudas de subsistencia), la carencia de una red de apoyo (familiar), las adicciones y los problemas de salud.
Es decir, los problemas de salud mental y adicciones, no están entre los principales motivos para caer en exclusión residencial pero, una vez en esta compleja realidad, la falta de un hogar actúa como un factor que las cronifica y agrava. “La calle destruye los ritmos vitales y somete a las personas a un estrés traumático constante que fractura su bienestar mental y físico”, afirma Cáritas.
Según los datos recogidos, 1.120 personas en calle presentan alguna problemática de salud mental, lo que representa el 39,5% del total de personas en exclusión residencial. Entre ellos, el 14,8% padece trastornos mentales graves, tales como psicosis, trastorno límite de la personalidad, bipolaridad o esquizofrenia. Mientras la depresión crónica afecta al 9,2% y la ansiedad crónica al 8,3%. Asimismo, existe un “sufrimiento invisible” donde casi nueve de cada diez personas manifiesta desesperanza respecto a su futuro, el 83% siente tristeza persistente y el mismo número padece insomnio. Estas condiciones están estrechamente vinculadas a la inseguridad, el aislamiento social y la violencia que sufren en la calle.
Por su parte, las adicciones tienen una tendencia decreciente en su prevalencia general y no está generalizada entre el colectivo. En 2024, el 23,4% de las personas presentaba problemas de adicciones, frente al 31,27% registrado en 2022. Entre las sustancias más comunes se encuentran el alcohol (14,4%), alucinógenos como el cannabis (13,5%) y estimulantes como la cocaína (8,3%), otros depresores (opiáceos, benzodiacepinas), un 6,4%; y adicciones sin sustancias (juegos, ludopatía, etc..), un 2,6%.
Por su parte, la patología dual (la coexistencia de un trastorno mental y una adicción), apenas llega al 9% de las personas en exclusión residencial. Sin embargo, es difícil de tratar debido a la baja adherencia al tratamiento y el alto riesgo de cronicidad. Además, hay una falta generalizada de recursos que acepten individuos con patología dual, a menudo, los centros que abordan la salud mental no aceptan a personas con adicciones y los centros de adicciones excluyen a personas con trastornos mentales graves.
Para abordar esta crisis, es necesario el impulso de unidades móviles de atención psiquiátrica en calle y la creación de recursos alojativos y de abordaje que se centren en la persona.
Además es necesario, especialmente para casos donde la persona, debido a su estado mental o adicciones, no es capaz de colaborar ni de prestar su consentimiento para recibir ayuda, una intervención multidisciplinar y la coordinación entre el Servicio Canario de Salud, las unidades de salud mental o las de drogodependencia, así como los Servicios Sociales (municipales, insulares o regional) y la Fiscalía.
Revisar protocolos
Tersi Castro, coordinadora del Departamento de Vivienda e Inclusión Social de Cáritas Tenerife señala que “es necesario una revisión” de los protocolos de actuación y dotarnos de herramientas legales que nos permitan actuar cuando la persona no colabora”. Recordó que “algunos procedimientos antiguamente permitían retirar a personas de la calle por su propia seguridad y ya no se pueden aplicar”. La coordinación entre las administraciones y recursos evitaría desenlaces fatales, como muertes en la calle por falta de alimentación, nula adherencia a tratamientos ante enfermedades físicas o mentales, escaso descanso o falta de aseo.
Ante todo, el respeto de la autonomía de cada persona, y si da su consentimiento para entrar en un recurso, “ponemos en marcha la solicitud”, también debemos respetar que si nos dice “no me moleste, yo estoy viviendo mi vida y quiero seguir así”. Sin embargo, hay situaciones en las que quizás “no hay que dejar toda la responsabilidad en ellos” cuando sabemos que “están descompensadas, no son conscientes de que necesitan ayuda, y no son capaces de velar por sí mismos.”
En estos casos, abogó por “un trabajo en red, ver qué entidades están trabajando con él y tiene el vínculo establecido, para abordar desde su confianza la mejora de sus condiciones”. En último extremo la Fiscalía debería intervenir para proteger su vida.
Desbordados
Todos los recursos asistenciales y residenciales de Cáritas en Tenerife están al límite de capacidad y con lista de espera debido a unas cifras que “se han disparado tanto que tampoco nos permite trabajar con un acompañamiento más directo del individuo para buscar alternativas. Tenemos gente en nuestros recursos que están trabajando o con un plan de ahorro que si hubiese una opción asequible podría pasar a una vivienda, pero es que no conseguimos esos alquileres.
Alerta de que la situación en el sur “es alarmante, con un aumento descontrolado” de personas pernoctando en plazas, cuevas, asentamientos, coches, caravanas o tiendas de campaña. “Cada semana aparecen uno o dos casos nuevos”.
“Si no quieren no podemos actuar y es complicado abordar su situación”
Observando la distribución de las personas en situación de exclusión residencial extrema en la Isla, el municipio de Santa Cruz de Tenerife encabeza los registros con 1.053 personas (37,1%); seguido por Arona con 307 (10,8%), Adeje 270 personas (9,5%); así como Puerto de la Cruz con 270 personas (9,5%); La Laguna, 239 (8,4%); Granadilla, 178 personas (6,3%) o Arico, 59 personas registradas (2,1%). En términos globales, los seis municipios con mayor densidad de personas en situación de sinhogarismo en Tenerife representan el 81,6% del total.
Con respecto a estudios anteriores se detecta el aumento de casos en Arona y Adeje, así como el desplazamientos de personas sin acceso al alquiler en esa zona turística a Granadilla, o en Puerto de La Cruz, que concentra recursos de atención de la comarca. Asi en conjunto, La Orotava, Los Realejos y el propio Puerto, representan el 11,2 % del total insular.
Desbordada
Casi cuatro de cada diez personas sin hogar o en exclusión residencial están en Santa Cruz de Tenerife, una “sobrecarga” que ha llevado al Ayuntamiento a reclamar más ayuda a otras administraciones. Según el Servicio Integral de Atención a Personas Sin Hogar, durante 2025 se atendieron a casi 800 personas, no todas en situación de calle como tal, de las que el 55% llegaron de otros municipios.
La concejala de Servicios Sociales de Santa Cruz de Tenerife, Charín González, destacó la cronicidad de muchos casos, “hay personas que se encuentran en asentamientos o en situación de calle que son reacias a acercarse a los recursos. Nuestra labor es contactar con ellas para poder empezar a trabajar en su intervención, porque independientemente de ser una persona que esté en situación de calle, si realmente ellos no quieren no podemos actuar y es complicado poder abordar su situación”.
Entre su casuística, los recursos han certificado que el 30% presentan un diagnóstico confirmado o indicios claros de patología psíquica y precisan atención especializada. En este sentido, Santa Cruz ha pedido a la dirección de Salud Mental y Adicciones del SCS incluir a la capital en un proyecto piloto de atención en la calle para personas sin hogar con problemas de adicciones que se lleva a cabo en Las Palmas. De esta forma, se dará una atención integral de cuidados y tratamiento (farmacológico, psicoterapéutico, rehabilitador y de soporte comunitario), con el fin de que la persona pueda, desde su contexto social y comunitario, recuperar una correcta adaptación.
Sobre las personas en calle con problemas de salud mental y adicciones, Charín González reconoció que “no hay recursos específicos para ellas. Nosotros optamos por un modelo de trabajo centrado en la persona en su conjunto, con recursos abiertos donde se trabaje con la persona independientemente de su problemática”. Señaló que “todas las personas que se encuentran en el calle o en recursos precarios, están en seguimiento y muchas con años de intervención”, de las cuales recuerda que “nos encontramos con muchas recaídas”, entre personas que tras estar en el albergue y estabilizarse, “por diversas circunstancias vuelve a recaer, a situación de calle, al consumo de sustancias, etc.”.
El 23% de los usuarios de la red municipal de alojamiento (albergue o pisos) deberían estar en un recurso sociosanitario, y unas 40 personas están en espera para ser derivadas cuando haya una plaza libre.
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