Desde la entrada en vigor del Decreto-ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda de Canarias, que facilita el cambio de uso de locales comerciales o de oficinas con el fin de convertirlos en viviendas, el Ayuntamiento de La Laguna ha tramitado un total de 88 solicitudes de licencias y comunicaciones previas de cambio de uso en todo el municipio (seis de ellas en el ámbito del casco histórico), según datos de la Gerencia de Urbanismo.
Una cifra que supone “un incremento muy significativo de solicitudes para transformar locales en viviendas”, valoró el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Adolfo Cordobés.
En concreto, sin incluir al casco, en estos casi dos años “nuestros servicios técnicos han tramitado 82 expedientes, de los que 12 corresponden a licencias y 70 a comunicaciones previas, que es el mecanismo más rápido y menos garantista que introduce el propio decreto”, informó.
En detalle, de las 12 solicitudes de licencias de cambio de uso, hasta el momento se han concedido tres, dos fueron desistidas, una caducó y otras seis siguen en trámite.
Y en cuanto a las 70 comunicaciones previas, 22 se han resuelto positivamente, una tuvo la declaración de ineficiencia y las 47 restantes siguen aún tramitándose.
“Este volumen demuestra que la norma ha tenido un impacto inmediato en el municipio y que ha generado una expectativa muy elevada entre propietarios y promotores”, destacó Adolfo Cordobés.
Sin embargo, apuntó que “este crecimiento acelerado también nos obliga a actuar con responsabilidad”. “La conversión masiva de locales en viviendas no es un proceso neutro: afecta a la actividad económica de proximidad, a la vitalidad de los barrios, a la disponibilidad de locales para nuevos negocios y, en algunos casos, puede dar lugar a viviendas con estándares mínimos que no siempre responden a las necesidades reales de la ciudadanía. Nuestro deber es equilibrar la urgencia habitacional con la calidad urbana y la protección del interés general”, argumentó el concejal.
Casco histórico
Una situación que es “aún más delicada” en el caso del casco histórico, un ámbito “protegido, con un Plan Especial que establece criterios estrictos para preservar su identidad, su morfología y su actividad comercial tradicional”, indicó. Por lo que, explicó Cordobés, “aplicar de manera automática un decreto excepcional, pensado para contextos urbanos muy distintos, habría supuesto un riesgo para el equilibrio del casco y para su condición de Patrimonio Mundial”.
Por ello, el concejal recordó que se llevó al Pleno la decisión de no aplicar determinados artículos del Decreto-ley en este ámbito, “una medida plenamente legal, proporcionada y fundamentada en la necesidad de proteger un espacio único”, afirmó.
Aún así, subrayó que esta decisión “no impide los cambios de uso en el casco, sino que garantiza que se tramiten con los criterios del Plan Especial de Protección, que son más exigentes y más adecuados para un entorno patrimonial”.
De hecho, apuntó, el Servicio de Gestión del Casco ha tramitado 6 solicitudes de licencias de cambio de uso, de las que 3 han sido otorgadas (dos de ellas se aprobaron antes del acuerdo plenario) y las otras tres aún están en trámite.
“Es decir, seguimos facilitando vivienda allí donde es compatible, pero sin renunciar a la protección del patrimonio ni a la preservación del tejido comercial que da vida al centro histórico”, señaló Adolfo Cordobés.
En este sentido, el concejal enfatizó que “nuestro compromiso es claro: sí a la creación de vivienda, pero no a costa de vaciar de actividad económica los barrios, ni de poner en riesgo la identidad del casco histórico, ni de permitir viviendas que no cumplan con los estándares que merece la ciudadanía”.
Así, afirmó que La Laguna “está actuando con rigor, con equilibrio y con visión de ciudad. Estamos respondiendo a la emergencia habitacional, pero sin hipotecar el futuro urbano ni renunciar a la calidad y la cohesión social”. “Y seguiremos defendiendo que las soluciones a la vivienda deben ser estructurales, planificadas y sostenibles, no medidas excepcionales que puedan generar efectos indeseados en el medio y largo plazo”, concluyó.
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