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“No habrá una vivienda vacacional más en La Laguna”: una iniciativa de Drago Canarias, con una enmienda del grupo de Gobierno, paraliza la concesión de licencias de alquiler vacacional en el municipio

"Seguiremos trabajando para devolver las casas a la sociedad canaria", recalca Carmen Peña, concejala de Drago Verdes Canarias
"No habrá una vivienda vacacional más en La Laguna": una iniciativa de Drago Canarias paraliza la concesión de licencias de alquiler vacacional en el municipio

El Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado en pleno una moción presentada por Drago Verdes Canarias para aplicar una moratoria técnica al alquiler vacacional en el municipio. La medida responde a la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda Vacacional de Canarias, que exige que el uso turístico de las viviendas esté recogido de forma expresa en el Plan General de Ordenación (PGO), algo que actualmente no contempla el planeamiento urbanístico lagunero.

La iniciativa salió adelante este martes 13 de enero con el respaldo de todos los grupos municipales, salvo Vox. Con esta decisión, el Ayuntamiento establece de manera inmediata la suspensión de nuevas licencias de alquiler vacacional en La Laguna, al menos hasta que se adapte el PGO a la nueva normativa autonómica.

Además, el pleno acordó encargar a los servicios jurídicos municipales la elaboración del Plan de Comprobación y Control previsto en la legislación, con el objetivo de regular, supervisar y garantizar el cumplimiento de la ley en el ámbito local.

La problemática del alquiler vacacional

Durante la defensa de la propuesta, la concejala de Drago Verdes Canarias, Carmen Peña, explicó que la aprobación de la moción supone “una moratoria técnica al alquiler vacacional que entra en vigor de forma inmediata”. Según señaló, otorgar nuevas licencias sin una planificación urbanística que reconozca el uso turístico podría suponer una actuación contraria a la legalidad. En este sentido, afirmó que el objetivo es frenar la expansión de esta actividad en el municipio y priorizar el uso residencial de la vivienda.

El Ayuntamiento ya había dado pasos en esta dirección. En junio de 2024, el pleno aprobó una propuesta —también impulsada por Drago Verdes Canarias— para que el futuro Plan General estableciera restricciones al alquiler vacacional, lo que evidenciaba un compromiso político previo para abordar este fenómeno desde la planificación urbanística.

Peña también avanzó que su formación defenderá que el nuevo PGO no incorpore el uso turístico de las viviendas o, en su defecto, que lo haga bajo criterios estrictos de limitación, una decisión que, según indicó, deberá abordarse mediante un proceso de participación ciudadana.

Respecto a la normativa autonómica, la edil consideró que la nueva ley “llega tarde y resulta insuficiente” para frenar la pérdida de vivienda residencial en favor del sector turístico, aunque reconoció que, dentro del marco legal vigente, el Ayuntamiento ha adoptado la postura “más ambiciosa posible” para impedir que se sigan incorporando nuevas viviendas al mercado del alquiler vacacional en La Laguna.

La moratoria se fundamenta en el acuerdo que establece la continuidad de los trabajos de adaptación de los instrumentos de ordenación municipal a la nueva normativa, lo que activa de facto la suspensión de licencias hasta que se modifique el planeamiento.

Acuerdos aprobados por el pleno

Tras las enmiendas introducidas por el equipo de gobierno, los puntos aprobados son los siguientes:

  1. Mantener los trabajos que desarrolla la Gerencia de Urbanismo para dar cumplimiento a la Ley 6/2025, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.
  2. Encargar a los servicios jurídicos municipales la redacción del Plan de Comprobación y Control, garantizando seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia administrativa, e integrándolo con los procedimientos ya existentes.
  3. Continuar la adaptación de los instrumentos de ordenación del municipio a la nueva normativa, dentro de los plazos legales y en el marco de la elaboración del nuevo Plan General.
  4. Solicitar al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias que la aplicación del régimen de intervención administrativa previsto en la ley se realice de forma homogénea en todo el Archipiélago, y que se dote a los ayuntamientos de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para asegurar su cumplimiento.