La magistrada de la Plaza N°1 del Tribunal de Instancia (sección Instrucción) de Santa Cruz de Tenerife ha dictado un auto donde se dispone la apertura de juicio oral en la causa donde figura como imputado (ahora denominado investigado) el actual presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol, Alejandro Morales Mansito.
Como es preceptivo, la magistrada ha tomado dicha decisión tras escuchar a las partes. Mientras la Fiscalía pidió la absolución, la acusación particular solicita una pena de seis años de prisión por la presunta comisión de un delito continuado de apropiación indebida.
Para ello, dicho juzgado ya había decretado hace unas semanas el también preceptivo auto de transformación de previas en procedimiento abreviado, y del que se hizo eco DIARIO DE AVISOS, medio que desveló en exclusiva este caso.
Entre las novedades que se incluyen en el auto ahora conocido y divulgado a través de la Oficina de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) destaca sobremanera la imposición a Morales Mansito de una fianza de 84.000 euros que deberá ser satisfecha en 24 horas “para asegurar las responsabilidades de tal naturaleza que pudieran serle impuestas, con apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, se procederá al embargo de sus bienes en cantidad bastante a cubrir dicha suma o, en su caso, se acreditará su insolvencia en forma”.
Ello está relacionado con que, en concepto de responsabilidad civil, la acusación solicita que el acusado indemnice a la Federación Insular por los perjuicios económicos causados, que se cifran provisionalmente en 63.024,02 euros, cantidad que corresponde al importe de los cargos efectuados con las tarjetas corporativas no justificados.
Además, la magistrada en cuestión determina que este caso será juzgado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Como adelantó en su día este periódico, el núcleo del caso está en el uso de tarjetas corporativas vinculadas a cuentas de la referida Federación deportiva. Morales Mansito accedió a la presidencia en junio de 2022. Dos meses después activó su primera tarjeta. A partir de ahí, según la investigación judicial, comenzó un patrón de gastos que se prolongó hasta el mes de abril de 2025.
El resultado: 63.024,02 euros cargados a la Federación en algo más de tres años. El reparto anual revela una progresión clara: 7.027 euros en 2022; 28.140 euros en 2023; 23.371 euros en 2024 y 4.485 euros en los primeros meses de 2025.
Todas esas cantidades fueron imputadas casi en exclusiva como “gastos de representación”. Sin embargo, para la jueza, existen indicios de que se realizaron “con fines ajenos a dicha actividad representativa”. Para la acusación, directamente, se trató de un uso personal y sistemático de fondos federativos.
Uno de los pilares del caso es la comparación con el resto de directivos. La Federación concedió tarjetas prepago a varios responsables: tesorero, administradora, vicesecretario general y presidente del Comité de Árbitros. Todos ellos, según consta en la causa, presentaban formularios internos, liquidaciones y memorias explicativas. Solo uno no lo hacía: el presidente.
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