La Plataforma del Tercer Sector de Canarias presentó ayer sus propuestas para la futura Ley autonómica tras un proceso participativo que incluyó la celebración de nueve mesas insulares en siete islas y una amplia intervención de entidades y otros agentes sociales, aportando una visión plural y representativa.
El informe del proceso participativo Tejiendo Redes para el futuro del Tercer Sector en Canarias se ha orientado a fortalecer el papel del subsector y supone un paso decisivo hacia un marco jurídico propio, estable y adaptado a la realidad para reconocerlas, reforzar la participación y garantizar una financiación estable.
La presidenta de la Plataforma del Tercer Sector, María Eugenia de León, recalcó su vital importancia e impacto social, al asegurar que “la vida de muchas personas depende de los proyectos que realizan las entidades sociales en Canarias”, por tanto, reclamó “la sostenibilidad financiera estable y sostenible como el elemento clave”. Hay muchísimas entidades sociales en Canarias, tanto dentro de la Plataforma, doce redes con más de 180 entidades, pero hay muchísimas asociaciones más que no están dentro de la Plataforma. “Esta sostenibilidad económica dará continuidad a proyectos de atención, sobre todo, para colectivos con problemas de salud mental, adicciones, dependencia, discapacidad, etcétera”. “Las entidades buscamos tener un mayor impacto en las personas y para eso necesitamos dar continuidad a estos proyectos. No solo hacemos una labor donde la administración no llega, sino que somos una pieza clave y estructural”, indicó.
Por este motivo, instó a que “no se nos vuelva a quedar otra vez a las puertas en el Parlamento, que no vuelva a caducar”, al ser un marco normativo vital para desarrollar su trabajo.
Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, afirmó que “hemos creado sinergias” con las entidades del Tercer Sector para “mejorar la financiación y la coordinación” entre Administración y las entidades para que ese trabajo “se realice en las mejores condiciones”. De hecho, gracias a esta coordinación “hemos trabajado y mejorado cuestiones como han sido el incremento del precio-plaza en materia de dependencia y discapacidad; la elaboración del marco normativo del Concierto Social, cuyo borrador está terminado y se encuentra en proceso de aprobación, o la mejora de las bases de la convocatoria del IRPF. Hemos mejorado aquellos ámbitos que nos han ido indicando”.
Aclaró que otra de las propuestas “era hacer una ley que regulara los derechos, obligaciones y organización” del Tercer Sector de Acción Social y su relación con la Administración canaria, “ya que tenemos una ley de ámbito estatal, pero hay que aterrizarla en un territorio tan fragmentado”. Ahora se dará traslado a los servicios jurídicos para que le den norma jurídica de ley para, después, presentarlo al Consejo de Gobierno y poder elevarlo al Parlamento para su tramitación. Todo “respaldo al trabajo que se realiza desde el Tercer Sector redunda en la mejora de la atención a las personas más vulnerables”, recalcó.
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