El Gobierno de Canarias ha advertido de que la gratuidad del transporte público en las Islas corre peligro a partir del 1 de enero de 2027 si el Ejecutivo central no prorroga la financiación antes de que finalice el año.
Así lo ha manifestado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, durante una entrevista en el programa Hay que verlo, de Televisión Canaria, en la que ha reconocido las dificultades para garantizar la continuidad de los viajes gratuitos en guagua y tranvía durante el próximo ejercicio.
“Necesitamos que sea prorrogada la medida por parte del Gobierno del Estado antes de final de año”, ha señalado Cabello, quien ha explicado que la convocatoria anticipada de elecciones ha complicado las negociaciones que ambas administraciones mantenían sobre esta cuestión.
La gratuidad del transporte público está garantizada hasta el 31 de diciembre de 2026, pero su continuidad en 2027 requiere una nueva decisión estatal. El problema, según el Gobierno canario, es que la disolución del Congreso obliga a estudiar qué mecanismos pueden utilizarse para aprobar esa prórroga.
Canarias reclama que la Diputación Permanente permita mantener la gratuidad
El portavoz autonómico ha explicado que el Gobierno de Canarias ya ha trasladado su preocupación al Ejecutivo central y que se han producido contactos para abordar la situación.
“Ha habido alguna reunión y se nos ha trasladado cierto grado de dificultad por las competencias de la Permanente”, ha afirmado en referencia a la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que mantiene determinadas funciones parlamentarias mientras las Cortes están disueltas.
Sin embargo, Cabello considera que existen argumentos para utilizar esta vía y garantizar la continuidad de la financiación. “Nosotros entendemos que, al tratarse de una prórroga y no de nada nuevo, está exactamente para eso”, ha defendido.
El portavoz ha mostrado además su sorpresa ante las dudas planteadas sobre la posibilidad de mantener una medida que ya se encuentra en funcionamiento. “El adelanto electoral rompe el trabajo en el que nos encontrábamos”, ha lamentado.
En este sentido, ha insistido en que el Gobierno autonómico seguirá reclamando una solución antes de que termine el ejercicio. “Nosotros defendemos que se puede en el contexto de la Diputación Permanente prorrogar esta medida y así lo estamos reclamando”, ha asegurado.
Más de 160 millones de euros en juego
La continuidad de la gratuidad supone, según Cabello, más de 160 millones de euros, una cantidad que refleja la importancia económica de esta política de transporte para Canarias.
El portavoz ha defendido que se trata de una de las medidas más eficaces para incrementar el número de viajeros y reducir la dependencia del vehículo privado. “Me atrevería a decir que es la medida más eficaz que ha habido nunca para poder ganar más pasajeros y avanzar en el cambio modal”, ha afirmado.
Cabello también ha destacado el efecto económico directo sobre los hogares del Archipiélago. “Es una medida que ayuda mucho, que ayuda directamente en los bolsillos de las familias canarias”, ha explicado.
A ello ha sumado sus efectos medioambientales y su contribución a mejorar la movilidad en las Islas.
La preocupación del Ejecutivo autonómico se produce en un contexto de dificultades para garantizar la financiación estatal. Según ha explicado Cabello, la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado ha obligado a mantener una negociación constante para asegurar los recursos necesarios.
¿Se puede prorrogar la gratuidad?
La posibilidad de mantener la gratuidad mediante la Diputación Permanente tiene respaldo en el procedimiento previsto por la Constitución, aunque requiere varios pasos.
El artículo 78 de la Constitución española establece que, cuando las Cámaras están disueltas, sus diputaciones permanentes asumen determinadas competencias, entre ellas las relacionadas con los decretos-leyes.
Por su parte, el artículo 86 permite al Gobierno aprobar reales decretos-leyes en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Esto significa que el Ejecutivo central puede aprobar un decreto-ley que prorrogue la financiación del transporte público y someterlo posteriormente a la Diputación Permanente del Congreso para su convalidación, siempre que se cumplan los requisitos constitucionales.
El artículo 151 del Reglamento del Congreso contempla expresamente que este órgano pueda votar la convalidación o derogación de los decretos-leyes.
No obstante, la Diputación Permanente no puede prorrogar por sí sola cualquier medida ni sustituir todas las funciones legislativas del Congreso.
Por tanto, la solución planteada por el Gobierno de Canarias es jurídicamente posible si el Estado utiliza un instrumento adecuado, como un real decreto-ley, y justifica las circunstancias que permiten recurrir a él.
La disolución de las Cortes no impide automáticamente este procedimiento, aunque tampoco garantiza su aprobación.
Qué pasará con las guaguas y los tranvías a partir de enero
El régimen actualmente vigente fue regulado mediante el Real Decreto-ley 17/2025, de 23 de diciembre, que estableció las ayudas para financiar durante 2026 el descuento del 100% en determinados abonos y títulos multiviaje del transporte público terrestre de Canarias.
La norma contempla la aplicación de la gratuidad hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que su continuidad en el siguiente ejercicio necesita una nueva cobertura normativa y financiera.
Esto no significa que los usuarios vayan a empezar a pagar automáticamente el 1 de enero, ya que podrían aprobarse nuevas medidas antes de esa fecha. Sin embargo, actualmente no existe una prórroga confirmada para 2027.
El portavoz del Gobierno de Canarias ha reclamado que esta cuestión se aborde con responsabilidad y ha insistido en la necesidad de dar continuidad a una política que considera fundamental para las familias y la movilidad del Archipiélago.
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