La Plataforma Stop Vertidos al Mar le exige al grupo de gobierno de Puerto de la Cruz (PP-ACP-CC) una reunión urgente para hablar sobre la desaladora que se contempla instalar en el barrio de Punta Brava, un proyecto para que el Ayuntamiento ha recibido una subvención de cinco millones del Cabildo de Tenerife.
La Plataforma asegura que lleva desde marzo intentando hablar con el Tripartito sobre este y otros asuntos relacionados con el agua y los vertidos en el municipio pero la respuesta que recibe es que “no hay nada nuevo que informar”, declara su portavoz Tania Hernández.
Hernández quiere aclarar las contradicciones que existen sobre el impacto ambiental de esta instalación entre los responsables de las diferentes administraciones. Como ejemplo, señala las declaraciones vertidas por el director de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Ángel Montañés, quien en una entrevista a la emisora Gente Radio aseguró que, “como en todas las desaladoras, la salmuera que genera se echa al mar en el punto donde las concentraciones son adecuadas y el impacto ambiental es el menor posible”.
Sin embargo, en el último pleno, celebrado el 29 de diciembre, a la pregunta del grupo Socialista, el concejal de Contratación Pública, Patrimonio y Gestión del Personal, Pedro Antonio Campos, aseguró hasta en tres ocasiones que esta instalación, enmarcada en la concesión administrativa del ciclo integral del agua, “no va a vertir nada al mar” y recordó que ha sido votada a favor por el Pleno.
Campos también incidió en que será el operador el que ejecute, de acuerdo a las normas técnicas y ambientales la desaladora que, insistió, “no verterá salmuera al mar. Esto se ha debatido, comentado y expuesto hasta en tres ocasiones”.
Apuntó que ante situaciones de emergencia hídrica, como la que todavía vive la Isla, “hay que garantizar la soberanía hídrica y en este sentido, hay que buscar fuentes alternativas, como esta desaladora, que utiliza tecnologías más modernas y en este caso, es sencilla, de 2.800 metros cúbicos día, que no es equiparable a la que se proyecta en otros municipios, como Tacoronte”.
Hernández sostiene que más allá de sus características, una desaladora vierte salmuera, un residuo que genera daños a la flora y fauna marina y altera los ecosistemas costeros, además de un gran consumo energético y por ende, el alto coste que tendrá el agua para la población.
Por todo ello, solicita al Gobierno que de una vez por todas se siente a aclarar estas cuestiones.
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