El Cuerpo General de la Policía Canaria deberá asumir los traslados de los menores tutelados con medidas judiciales a partir del próximo 1 de febrero.
Así lo ha dicho este viernes delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en unas declaraciones a los medios de comunicación en la que matizó que se está hablando de un tema de seguridad y no de servicios sociales, ya que, resaltó, se refiere a menores con medidas judiciales y no a menores migrantes.
De esta manera, recordó que este asunto ya se planteó en una Junta de Seguridad que tuvo lugar en 2019 y que se aplazó porque el Gobierno de Canarias pidió tiempo para poder incorporar más agentes y asumir esta competencia que es propia de la CCAA.
Pestana dijo también que en noviembre de 2023 hubo una reunión con la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, en la que se acordó que, sobre marzo de 2024, el Ejecutivo regional asumiría esa competencia porque ya tendrían más agentes.
No obstante, el delegado apuntó que llegada esta fecha tampoco pudo ser porque se habían retrasado algunas incorporaciones de efectivos pero que han pasado “han pasado prácticamente dos años desde entonces”.
“Se han ido dando largas a los jefes de los operativos de Guardia Civil y de Policía Nacional, y pasados dos años de ese compromiso en noviembre de 2023, hemos dado un plazo y a partir del mes de febrero debe asumirlo la Policía Autonómica”, observó.
Pese a todo, añadió que si puntualmente, por falta de algún recurso o por carácter excepcional, la Policía Canaria necesita el apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, “lo tendrá pero previo a un análisis de la Delegación del Gobierno”.
Finalmente, Pestana hizo especial hincapié en que la Delegación ha sido “muy paciente” con este asunto y que en la actualidad la Policía Canaria tiene los efectivos necesarios y que “entra dentro de la normalidad que asuma esa competencia”.
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