Casi siete mil personas se encuentran inscritas en el registro público de demandantes de vivienda pública en el municipio chicharrero, según los datos ofrecidos ayer por el consejero regional del área y, además, presidente del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Pablo Rodríguez. De este total, detalló, un tercio de solicitudes (2.300 personas) son para optar a un piso de promoción pública en régimen de alquiler, mientras que los otros dos tercios (4.600 personas) para vivienda protegida de promoción privada en régimen de alquiler y pisos protegidos de promoción privada en régimen de venta.
En este sentido, y con el objetivo de hacer frente la crisis habitacional, el Gobierno de Canarias, el Cabildo insular y el Ayuntamiento de Santa Cruz suscribieron ayer un convenio que aportará la financiación necesaria para garantizar la construcción de 263 nuevas viviendas protegidas en el municipio: 37 en María Jiménez y 226 en Cuevas Blancas, las cuales se entregarán entre este año y el próximo, respectivamente.
El alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, detalló que “la cooperación entre las tres administraciones hace viable la ampliación del parque público en la capital con inmuebles destinados al alquiler social, sumando ahora 41,7 millones de inversión pública en vivienda protegida a las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento”.
El regidor añadió que “en Santa Cruz se están invirtiendo, en estos momentos, 115 millones de euros en viviendas sociales, por lo que la capital está aportando el 50% del total de las nuevas construcciones que se realizan ahora en Tenerife”. Por ello, recordó que “aparte de las promociones en María Jiménez o Cuevas Blancas, desde Viviendas Municipales se ha comprado un edificio privado de 20 viviendas ya finalizado para destinarlo a vivienda social, se han acabado las 100 viviendas en La Gallega, y se han impulsado programas de rehabilitación con criterios energéticos en más de 800 viviendas, además de la regeneración y renovación urbana de otras 1.568”.
En conjunto, las actuaciones han supuesto una inversión de 41,7 millones, sin incluir el valor del suelo ni los costes de urbanización, que han sido asumidos por el Ayuntamiento. De esa cuantía, 16,7 millones ya habían sido aportados por el Icavi mediante distintas resoluciones de subvención, mientras que el convenio suscrito permitirá completar la financiación pendiente de 25 millones para hacer viable la ejecución total de la promoción en Cuevas Blancas. De esta cantidad, el Instituto Canario de la Vivienda ha comprometido 19 millones en varias anualidades y el Cabildo, seis millones.
Por su parte, el presidente regional, Fernando Clavijo, señaló que “este acuerdo es un paso real para ampliar el parque público de vivienda con un modelo que garantiza que permanezcan en el ámbito público y destinadas a alquiler social, a un precio razonable, para los canarios. De ahí que se intente sacar adelante el decreto para limitar la compra a extranjeros”.
Al respecto, Clavijo subrayó que “cuando las instituciones cooperan, la vivienda deja de ser un problema enquistado y empieza a tener soluciones reales para la ciudadanía, ya que no hablamos solo de construir, sino de consolidar una política que garantice que sigan siendo públicas y accesibles para las próximas generaciones”.
Línea roja
Así, añadió que “este acuerdo forma parte de la estrategia integral de vivienda impulsada por el Ejecutivo, por lo que Canarias está impulsando la mayor transformación de esta política en la última década, desbloqueando promociones, movilizando suelo y aumentando la inversión pública como no se había hecho en años”. Igualmente, Clavijo defendió que “hay una línea roja que no podemos permitir que se cruce: ninguna familia debería destinar más del 30 o el 35% de sus ingresos a pagar una vivienda”.
Mientras, la presidenta insular, Rosa Dávila, hizo hincapié en que “se da un paso muy importante en uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía: el acceso a una vivienda digna y, de manera especial, el Cabildo ha querido participar en este acuerdo, pues, aunque la vivienda no sea una competencia estrictamente insular, hemos adoptado una postura valiente y responsable para invertir en nuevas promociones en la isla”.
Reivindicación
Tanto Clavijo, como Bermúdez y Dávila coincidieron, además, en reivindicar que la construcción de vivienda, tanto pública como privada, debe ser más rápida y con menos trámites burocráticos, lo que no permite la ley de Contratos del Sector Público. Por ello, pidieron al Estado que modifique la normativa para acelerar la construcción, permitiendo, así, que más empresas opten con garantías a las licitaciones. “Lo que no puede ser es que tardemos siete años en construir un edificio desde que se anuncia el proyecto. La ley solo pone topes y trabas, como las relacionadas con las revisiones de precios de las obras”, alegaron.
El ‘búnker’ de El Sobradillo contará con aparcamientos para vecinos
El futuro Edificio de Servicios Esenciales (ESE) del Gobierno de Canarias, más conocido como búnker, que se construye en el barrio de El Sobradillo del municipio chicharrero contará con una amplia zona destinada a estacionamiento, dentro de la propia parcela, con el objetivo de facilitar el aparcamiento a los vecinos. Así lo anunció ayer el alcalde, José Manuel Bermúdez, tras visitar con el concejal del Suroeste, Javier Rivero, e integrantes de la Mesa Vecinal del Suroeste, el solar donde se levanta la nueva sede que albergará el cerebro tecnológico del Ejecutivo.
“El objetivo principal ha sido mostrar a la ciudadanía el desarrollo de un proyecto estratégico que, además de concentrar servicios vitales para la Comunidad Autónoma, aborda una de las principales preocupaciones del vecindario, que no es otra que la falta de plazas de aparcamiento en la zona”, dijo el regidor.
Por su parte, Javier Rivero, añadió que el objetivo de la visita “ha sido abordar una de las preocupaciones del vecindario, basada en la falta de plazas de aparcamiento una vez se ponga en marcha la actividad. Una reivindicación que se prevé paliar al incluir la construcción de una zona de estacionamiento, en la propia parcela, ya que se encuentra frente al IES Las Veredillas”.
En el recorrido también estuvieron presentes el director general de Patrimonio del Gobierno, Juan Domingo Cabrera; el arquitecto de la obra, Fernando Menis que acompañaron al alcalde en la visita a un proyecto ya lleva ejecutado el 20% y cuya puesta en funcionamiento está prevista para 2029.
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