Llegó a España hace dos años, sola y con un sueño. Graduada en estética en su país, Colombia, Gloria (nombre ficticio) cruzó el charco con la esperanza de ahorrar dinero y montar un salón de belleza en su tierra, donde se quedaron su marido y su hija de 31 años. Aterrizó en Madrid. Entonces, tenía 56 años. “Llegué a un hostal, donde tenía previsto quedarme solo una semana. Para mí era seguro que encontraría trabajo en menos de siete días”. Sin embargo, tras recorrer casi todas las peluquerías de la capital, sin papeles, solo recibió respuestas negativas.
En aquel entonces, una compañera que vivía en Tenerife la contactó y la ayudó a trasladarse a la Isla. Con el peso de las deudas, consecuencia de su viaje hasta Europa, la necesidad de trabajar la llevó a abandonar toda esperanza de desempeñarse en su sector, la estética. “Ya pensé: que sea lo que salga”. Así, aceptó su primer trabajo como empleada doméstica interna, cuidando de una persona mayor. Desde entonces, ya son cinco los hogares en los que ha estado, en un empleo donde, denuncia, “prácticamente no lo miran a una como humano”.
Lo que ha vivido en la mayoría de esas cinco casas refleja una realidad dolorosa que afecta a “miles y miles de mujeres”. Muchas de ellas extranjeras, en situación irregular, el temor impide a veces alzar la voz. Pese a ello, Gloria no lo duda: “Es hora de hablar de este asunto”, reivindica, en una entrevista que acepta concedernos por teléfono, debido a su horario de trabajo frenético.
El tiempo libre y el descanso en su profesión son escasos, aún más cuando se trabaja interna. “Uno empieza su labor desde las 8 de la mañana y a las 11 de la noche sigue realizando tareas”. Difícil ver más allá de las cuatro paredes de la casa donde vive y trabaja, un espacio donde la vida personal se borra casi por completo. En este contexto, además, las funciones se multiplican, convirtiendo a las empleadas en figuras multiusos. “Te contratan con el fin de acompañar a una persona mayor, pero al final me he tenido que ocupar de sobrinas, nietas y perros”.
Humillaciones
Desde su primera experiencia profesional en la Isla, Gloria fue testigo de las precarias condiciones en las que muchas personas como ella deben trabajar. “Cuando llegué, prácticamente todo estaba roto: tenía que calentar agua en el fuego para bañar a la señora que cuidaba”. Pero más allá de unos horarios inhumanos, la carga y un entorno laboral poco adaptado, lo que más pesa es el trato denigrante que muchos reservan a estas empleadas.
“Llegué a enfermarme”, reconoce Gloria al recordar los meses que pasó en una familia marcada por conflictos entre hermanos, peleas en las que, en muchas ocasiones, se encontraba atrapada en medio: “Vivía con nervios, sin saber a qué hora ni en qué momento se iban a pelear”. En una de las casas, la humillación se reflejaba en la comida. “Hacían la compra y repartían lo de la mamá y lo de ‘la empleada’, en porciones miserables”.
Tristemente, las vejaciones alcanzan a veces límites extremos, donde la ofensa y el desprecio derivan en agresiones físicas. “La persona que cuido ahora me ha pegado en dos ocasiones”, reconoce Gloria, momento en el que la rabia y la tristeza la obligan a interrumpir la conversación por unos segundos. “¿Por qué estoy pasando por todo esto? Es la pregunta que me hago siempre”, admite tras un breve silencio. “A raíz de perseguir su sueño, una aguanta desprecio y humillaciones. Pero no hay derecho de que las personas nos pisoteen de esa manera”.
El caso de Gloria no es aislado. “Tenemos un grupo con otras empleadas del hogar y muchas cuentan las humillaciones que sufren”, relata. Muchas -más del 42%, según datos del INE- proceden del extranjero, una circunstancia que las convierte, en numerosas ocasiones, en víctimas de un racismo aún profundamente arraigado en nuestra sociedad.
Racismo
“Una de las señoras a las que cuidé me ayudaba con la cocina. Siempre me pedía que me lavara las manos porque, según ella, venía de un país sucio y era una ‘negra cochina’”. Vejaciones intolerables hacia un colectivo en el que, tal y como denuncia SOS Racismo, más del 50% ha sufrido discriminación racial.
“Aguantamos porque necesitamos el trabajo”, reconoce Gloria, dando de lleno con una de las claves de este problema. La necesidad empuja a muchas a aceptar estos empleos “porque no hay otro”. Es también lo que las lleva a resistir el sufrimiento para ahorrar y saldar las deudas que cargan a la espalda, y a callar frente a la injusticia con la esperanza de lograr la regularización administrativa.
Pero, sobre todo, es esta vulnerabilidad la que muchas personas empleadoras aprovechan para borrar por completo los derechos de una comunidad sistemáticamente maltratada. Al llegar a España en situación irregular, quienes las contratan tienen la sartén por el mango. En el caso de las internas -según un informe de Oxfam, el 90% son extranjeras- dependen de ellos incluso para obtener el empadronamiento, un requisito que algunos utilizan a su favor. “En una de las familias me hicieron firmar un montón de cláusulas para darme el empadronamiento”, relata Gloria.
Se trata, además, de un trabajo cada vez más informal y desprotegido. En Canarias, pese al aumento de altas en la Seguridad Social de trabajadoras extranjeras en todos los regímenes -de 20.493 a 35.611 personas entre 2019 y 2025-, en la categoría de empleadas del hogar (usamos el femenino porque la representación de varones en esta profesión es mínima) la cifra ha disminuido pasando de 2.060 a 1.893.
Como denuncia Oxfam, “la escasa regulación y el limitado control del trabajo del hogar, junto con la ausencia de vías legales de migración, hacen que este sea el sector laboral con mayor número de trabajadoras en situación irregular”. Por un lado, “la inviolabilidad del domicilio dificulta la labor de la inspección”, explica la ONG. Por otro, la exigencia de un contrato de trabajo para acceder a los papeles “las vuelve extremadamente vulnerables a los requerimientos de las personas empleadoras, a abusos horarios, discriminaciones salariales, reclamación de deudas, riesgos de accidentes o malos tratos”. A estas circunstancias se suma la escasa capacidad de negociación colectiva del sector, al no poder permitirse un conflicto laboral.
Ante esta situación, la entidad propone intensificar las inspecciones de oficio en zonas donde potencialmente haya trabajadoras sin contrato. Además, ya en 2023 reclamaba una regulación extraordinaria “que contemple canales de migración regular y deje de ser una fuente de precariedad y sufrimiento gratuito e innecesario”.
Siguiendo esta línea, el Gobierno central parece avanzar tras el reciente anuncio de un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya viven en España, que podría beneficiar a entre 500.000 y 800.000 migrantes en el conjunto del país y a unas 40.000 en Canarias.
En el caso de las trabajadoras domésticas, esta medida debería servir para corregir la paradoja que plantea la actual Ley de Extranjería: pese a la falta de mano de obra en sectores como el cuidado del hogar y de las personas mayores, y a la evidente necesidad social de estas tareas, no existen vías legales operativas suficientes para migrar y ocupar estos puestos de trabajo.
Hogar y esperanza
A pesar del sufrimiento vivido estos dos últimos años, Gloria ha tenido la suerte de cruzarse con personas que le han brindado ayuda en la Isla. Recuerda con especial cariño a una mujer de 93 años a quien cuidó hasta su fallecimiento. “Con ella encontré cariño. Era muy agradecida y me respondía con amor”. Ese respeto también se lo mostraron los hijos de la señora, quienes le permitieron quedarse a vivir en la casa tras la pérdida de su madre.
Así, trabaja en una casa ajena durante el día, pero por la tarde puede regresar a un hogar que comparte con otra compañera. “Este segundo año he sido bendecida. Llego a la habitación y me siento cómoda”.
Además, está siendo acompañada por la asociación tinerfeña para la inserción laboral y fomento de la economía social, Actúa. “Son ellos quienes me están ayudando a tramitar mi documentación”, explica Gloria, que en estos momentos está solicitando el arraigo, una autorización posible desde mayo de 2025 con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, para quienes llevan dos años en España (anteriormente se necesitaban tres).
Mediante esta entidad también ha participado en cursos sobre igualdad y derechos, reforzando una idea simple pero clave: “Nosotros, como migrantes, tenemos derechos como cualquier persona”.
Lo que ha vivido aquí la ha llevado en ocasiones al límite. “He estado en situaciones terribles”. Su hija, con la que habla todos los días y a quien reconoce ocultarle muchas cosas para no preocuparla, le aconseja que regrese a Colombia. “Pero está el sueño y las ilusiones de por medio”. Pese a todo, ve su objetivo de abrir una peluquería en su país un poco más cerca: “He pagado las deudas y voy consiguiendo ahorrar”. Una actitud valiente que le permite mantener la esperanza de que, en este sistema deshumanizante, su lucha no haya sido en vano.
El 50,5% de las trabajadoras domésticas sufren conductas racistas
En su Informe anual, 2025: Expresiones de racismo y violencia contra las trabajadoras del hogar y de cuidados en el Estado español, SOS Racismo denuncia que más de la mitad de las empleadas domésticas han sufrido discriminación racial en primera persona, mientras que un 15,4% afirma haber sido testigo de actos racistas hacia otras compañeras. El informe recoge asimismo testimonios sobre situaciones de acoso y abuso sexual.
Ante esta situación, la entidad exige “medidas urgentes”, como la creación de canales de denuncia seguros, así como “sistemas de evaluación de estos espacios”. SOS Racismo recuerda que se trata de “un nicho de mercado racializado” que requiere “un cambio de enfoque en su abordaje”, solicitando medidas que vayan “más allá de la utilización de las personas racializadas como mano de obra de bajo coste” y la implementación de “políticas antirracistas que establezcan relaciones laborales dignas, y seguras”.
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