El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer un paquete de medidas fiscales y económicas destinadas a paliar los primeros efectos en Canarias de la guerra en Oriente Próximo, con Irán en el ojo del huracán.
El coste de algunas de estas acciones será asumido por el Ejecutivo central, dado que las Islas habían quedado fuera de la mayoría de los beneficios recogidos en el real decreto ley del 20 de marzo (centrados en el IVA y en el impuesto de hidrocarburos, sin aplicación directa en el Archipiélago), con una duración inicial de 100 días.
Sobre un coste de 29,8 millones de euros y, en el caso de prorrogarse el conflicto bélico, de 60 millones anuales, la Administración General del Estado aportará 15,3 millones de euros hasta el 30 de junio. El Ejecutivo autonómico cubrirá los 14,5 millones restantes con fondos propios, informó el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión semana.
Las iniciativas son estas: reducción del IGIC sobre combustibles del 1% al 0%, con el objetivo de abaratar el precio final para los consumidores (en términos anuales se cifra en un coste de 14,1 millones y para un periodo de 100 días se calcula en 3,9 millones de euros); incremento de la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas, que pasa del 67% al 99% (un coste anual de 19,4 millones de euros y para 100 días de 5,3 millones); tipo 0% del IGIC a productos básicos de la cesta de la compra que aún tributaban al 3%, como la sal, la mantequilla y el café (3,2 millones al año y de 900.000 euros para 100 días); ampliación del límite del régimen especial del pequeño empresario (Repep) hasta los 50.000 euros de facturación anual, con una reducción de las cargas fiscales y administrativas (a partir de julio de 2026, con un coste para este año de 12,5 millones), y un sistema de ayudas directas a los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industrial para compensar el sobrecoste energético y de insumos por un importe de 7,2 millones. Las cuatro primeras requerirán un decreto ley autonómico, justificado en la extraordinaria y urgente necesidad derivada de la crisis internacional.
En paralelo, se ha decidido trasladar al Gobierno de la nación un conjunto de actuaciones complementarias orientadas a reforzar la respuesta económica y social ante la crisis: flexibilización de las reglas fiscales para permitir adoptar medidas extraordinarias; implantación de una bonificación al precio del combustible, reducción de la carga fiscal en el IRPF para compensar la pérdida de poder adquisitivo de las familias, actualización de partidas de los presupuestos generales del Estado (especialmente, en transporte, agua y agricultura), mecanismos de liquidez y financiación para empresas y autónomos, un fondo específico para sectores productivos sensibles, y una adaptación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. A eso se añaden intervenciones de calado estructural.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, se reunieron ayer en Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de un “muy buen acuerdo” para Canarias, resaltó Clavijo ante los medios de comunicación, y “hace justicia” por la descompensación que se generaba. Torres ponderó la rapidez con la que se ha dado respuesta a las demandas del Ejecutivo canario e incidió en que, de prorrogarse, el Gobierno está dispuesto a aumentar la cantidad a los 60 millones.
Entre las reacciones, el presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz parlamentario de ASG, Casimiro Curbelo, se congratula de este “paso en la buena dirección”, al entender que corrige una situación “claramente insuficiente”.
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