El Gobierno aprueba este martes la reforma integral de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarla a los nuevos modelos productivos. La normativa, que no se actualizaba desde hace 30 años, refuerza la protección frente al acoso y prohíbe el trabajo de menores en entornos con contenido pornográfico. La reforma introduce el control de la salud mental y los riesgos derivados del cambio climático.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, presentará el anteproyecto en el Consejo de Ministros coincidiendo con el Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral. El texto busca modernizar una ley de 1995 que el Ejecutivo considera obsoleta ante la digitalización y el teletrabajo. El acuerdo cuenta con el respaldo de los sindicatos CCOO y UGT para combatir la siniestralidad actual.
Nuevas prohibiciones para menores de 18 años
Una de las novedades más destacadas es la actualización de las actividades prohibidas para menores. El texto veta explícitamente que los jóvenes trabajen en lugares con exposición a actos pornográficos o violentos. Asimismo, no podrán emplearse en mataderos industriales, contacto con animales feroces o trabajos donde el salario dependa exclusivamente de ritmos mecánicos.
Estas medidas pretenden salvaguardar el desarrollo psicológico de los trabajadores más jóvenes. La norma también limita el uso de maquinaria pesada, como sierras circulares o prensas, salvo en contextos de formación reglada y bajo supervisión estricta. El Gobierno busca así eliminar regulaciones que, en algunos casos, databan de decretos del año 1957.
Salud mental y desconexión digital
La reforma de la Ley de Prevención de Riesgos pone el foco en los factores psicosociales. Las empresas estarán obligadas a garantizar la vigilancia de la salud física y mental de su plantilla de forma periódica. Además, se establecen protocolos obligatorios de retorno al puesto tras ausencias prolongadas por enfermedad, exigiendo una actualización de la formación preventiva.
Sanciones y derechos de los trabajadores
El nuevo texto modifica el Estatuto de los Trabajadores para elevar a rango de ley el derecho a la integridad física y moral. Se endurecen las medidas contra el acoso y la violencia en el entorno laboral. En cuanto al régimen sancionador, se permitirá una reducción del 40% en las multas si la empresa acepta la infracción y procede al pago inmediato, siempre que no existan accidentes de trabajo previos.
Finalmente, la ley reduce los umbrales para que las empresas deban constituir servicios de prevención propios. Las compañías con más de 300 empleados —o 150 en sectores peligrosos— deberán contar con estructura interna. Esta reforma integral de la prevención de riesgos pretende reducir la brecha de género y proteger la diversidad generacional en el mercado laboral español.
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