La histórica visita del papa León XIV al Archipiélago, prevista para los próximos 11 y 12 de junio, ha activado un complejo dispositivo de seguridad y movilidad que incluye la posibilidad de alterar el calendario escolar y laboral.
Aunque la Iglesia y la Delegación del Gobierno ya han puesto sobre la mesa propuestas concretas, el Ejecutivo autonómico mantiene el análisis técnico antes de tomar una decisión definitiva.
La propuesta: sin clases y fomento del teletrabajo
Los organizadores del evento y la Iglesia han solicitado formalmente que no se impartan clases en Gran Canaria el 11 de junio y en Tenerife el 12. Esta petición responde a la previsión de concentraciones masivas que podrían colapsar las principales arterias de ambas islas.
En esta línea, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y el obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz, han realizado un llamamiento a las administraciones públicas y grandes empresas para que faciliten el teletrabajo durante esas jornadas.
Asimismo, se ha instado a la ciudadanía a evitar el uso del vehículo particular para garantizar el éxito de un despliegue de seguridad que Pestana ha calificado como “el más importante de los últimos años”.
La postura del Gobierno de Canarias
Pese a las recomendaciones, el Gobierno de Canarias aún no ha ratificado la suspensión de la actividad lectiva. La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha precisado que el asunto se analizará estrictamente desde la seguridad y la movilidad.
Barreto ha matizado que la medida no tiene por qué ser una cancelación total ni generalizada en toda la Isla. Entre las opciones que baraja el Ejecutivo se encuentran soluciones parciales o afectaciones limitadas exclusivamente a centros educativos situados en las zonas de mayor impacto circulatorio en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
Críticas ante la “falta de planificación”
La posibilidad de paralizar la actividad educativa ha generado el rechazo de Izquierda Unida Canaria (IUC). La formación ha calificado la medida de “preocupante falta de planificación” y critica que se traslade el coste organizativo a las familias.
Su coordinador nacional, Saúl Alberola, ha señalado que España es un Estado aconfesional y que “no se puede normalizar que ante cualquier gran evento se paralice la actividad educativa y laboral”.
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