La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha reducido en unos seis meses el plazo para tramitar expedientes de licencias de obra, con el objetivo de impulsar la construcción de viviendas en la capital.
Así lo afirmó ayer la concejala del área, Zaida González, en una comparecencia solicitada por Vox en comisión de control, en la que anunció que “de los nueve meses para la revisión de la documentación y otorgar permisos se ha logrado rebajar los plazos a entre tres y cinco meses, gracias a la puesta en marcha de las medidas contempladas en el decreto aprobado en abril de 2025 por el Gobierno de Canarias”.
Esta norma, que articula acciones para corregir las demoras excesivas por parte de los ayuntamientos en la tramitación y otorgamiento de licencias para la edificación, permite ahora a las administraciones municipales contratar medios propios o acudir a entidades urbanísticas de colaboración, como colegios profesionales, para “agilizar” los informes técnicos previos para otorgar licencias de obra. Aparte, posibilita a cualquier particular contratar directamente la realización de los informes y aportarlos a la documentación que presentan en el Ayuntamiento.
No obstante, la edil afirmó que “en la Gerencia hemos recibido hasta la fecha cero solicitudes de promotores y, menos de particulares, por esta vía, lo que no ha restado a que hayamos reforzado con personal propio el servicio, que es lo que ha redundado en la celeridad a la hora de la tramitación de licencias”.
Por su parte, el portavoz de Vox, Alejandro Gómez, valoró la agilidad en conceder ahora estos permisos para ayudar a paliar la crisis habitacional, aunque abogó por publicar un listado, a través de la página web de Urbanismo, “donde se dé información a los particulares y empresas de las entidades colaboradoras a las que pueden recurrir para la realización de informes”.
Mientras, desde el PSOE, Patricia Hernández subrayó que “es una buena noticia que se cumplan los plazos que marca la ley” y agradeció que “se haya priorizado la valoración de las licencias de obra, sobre todo, en cuanto a vivienda”.
Las Retamas
Otro de los asuntos abordados en la comisión de control se basó en el complejo deportivo Las Retamas, en Ofra, donde el Ayuntamiento capitalino anunció que procederá al rescate de la concesión administrativa ante los incumplimientos de la empresa en el desarrollo de las actividades del centro, según avanzó la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, a raíz de una comparecencia solicitada por el PSOE.
Patricia Hernández denunció que la concesionaria “ha subido las cuotas a los usuarios a 42,90 euros, por encima de lo acordado en la licitación, ha cerrado la piscina, no paga el canon y, además, no permite usar sábados y domingos por la tarde las instalaciones, cuando por contrato tiene que estar abierto hasta las 22.00 horas. Esto es un incumplimiento flagrante del pliego y de situaciones a las que, desde 2020, el Ayuntamiento no se ha opuesto”.
Al respecto, Cebrián recalcó que “se va a recuperar la concesión debido a razones de interés público y a pesar de que aún no ha expirado el contrato”. Respecto a impagos de canon y otras responsabilidades, “éstas serán objeto de valoración y cuantificación, una vez se realice el rescate. El objetivo del Ayuntamiento es garantizar la adecuada prestación del servicio”, subrayó.
La polémica contratación de publicidad del Carnaval con EDATV
El contrato publicitario realizado por Fiestas de Santa Cruz con EDATV para la difusión del Carnaval 2026 desató ayer la polémica en la comisión de control del Ayuntamiento, en la que el PSOE pidió la comparecencia del concejal, Javier Caraballero, para reprocharle que “publicite nuestro Carnaval dando dinero a un medio, no local, que solo esparce bulos, odio, acosa y en el que, entre otras cosas, trabaja un pseudoperiodista que hasta ha sido expulsado del Congreso de los Diputados”.
Hernández criticó que “una oferta para Fitur terminó siendo reconducida para promocionar el Carnaval, del que solo hay una entrevista al concejal Carlos Tarife sobre limpieza y un vídeo con borrachos. Esto es un incumplimiento flagrante de la contratación”.
Caraballero explicó que “el contrato, por 5.000 euros, no se ha pagado porque dicho medio no ha presentado la justificación ni la factura”.
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